El intento fallido de ejecución de Christa Pike en Tennessee volvió a poner bajo atención las dificultades que enfrentan las inyecciones letales en Estados Unidos. El caso ocurrido el miércoles no fue el primero de este año en Tennessee ni un hecho aislado dentro de la historia reciente de este método de ejecución.

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Según Austin Sarat, profesor de jurisprudencia y ciencias políticas de Amherst College, la incidencia de personas que sobreviven a ejecuciones ha aumentado a medida que los estados enfrentan mayores dificultades para conseguir y utilizar los fármacos necesarios.

Inyecciones letales

Los datos recopilados por Sarat y publicados por el Centro de Información sobre la pena de muerte muestran que, entre 1890 y 2010, aproximadamente el 7 % de las ejecuciones mediante inyección letal resultaron fallidas.

En este contexto, una ejecución fallida es aquella que no se desarrolla según lo previsto y que puede provocar retrasos, sufrimiento innecesario y otros desenlaces graves.

La cifra contrasta con una tasa del 3.2 % correspondiente al conjunto de los métodos de ejecución. Desde 2010, la tasa de fallos de las inyecciones letales ha aumentado y se acerca al 8 %, según Sarat. Dentro de esos casos se encuentran personas que, como Pike, sobrevivieron al procedimiento.

La dificultad para conseguir los fármacos

Una de las principales razones señaladas por los especialistas está relacionada con el acceso a los medicamentos utilizados durante las ejecuciones.

La inyecciones letales fueron desarrolladas en 1977 en Oklahoma como una alternativa que buscaba parecer menos brutal que métodos como la horca, el fusilamiento, la cámara de gas y la silla eléctrica. El procedimiento se utilizó por primera vez cinco años después en Texas.

El protocolo original contemplaba la inyecciones de tres medicamentos: tiopental sódico, un anestésico; bromuro de pancuronio, un agente paralizante, y cloruro de potasio, destinado a detener el corazón. Las dosis utilizadas eran considerablemente superiores a las habituales en aplicaciones médicas.

A partir de 2010, compañías farmacéuticas comenzaron a establecer restricciones sobre el uso de sus productos en ejecuciones. La campaña de Reprieve, una organización de derechos humanos del Reino Unido, buscó impedir que empresas europeas exportaran medicamentos a Estados Unidos destinados a la pena capital.

Las restricciones generaron dificultades para conseguir los fármacos. Ante la escasez, los estados comenzaron a recurrir a farmacias de formulación magistral, que preparan medicamentos personalizados para pacientes y que no están reguladas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. de la misma manera que las compañías farmacéuticas tradicionales.

En 2015, la Alliance for Pharmacy Compounding desaconsejó la preparación de medicamentos destinados a inyecciones letales. Entre las preocupaciones señaladas por expertos se encuentran la potencia inadecuada de los fármacos y su almacenamiento incorrecto, factores que podrían afectar su eficacia.

El papel de los profesionales médicos

Las dificultades también están relacionadas con la participación del personal sanitario. La Asociación Médica Estadounidense mantiene la prohibición de que los médicos participen en ejecuciones, mientras que la Asociación de Enfermeros de Estados Unidos sostiene desde principios de la década de 1980 que sus profesionales no deben asumir ningún papel en ellas.

La Asociación Nacional de Técnicos en Emergencias Médicas también expresó en 2010 su oposición a la participación de técnicos, paramédicos y otros profesionales de atención médica de urgencia.

Además, la identidad de las personas que administran los medicamentos suele mantenerse en secreto. Según Corinna Barrett Lain, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Richmond, puede existir un equipo encargado de colocar las vías intravenosas y otro que administra los fármacos.

En algunos lugares, esta última tarea puede recaer en guardias penitenciarios sin formación médica.

La imposibilidad de canalizar una vía intravenosa figura entre las causas más frecuentes de fallos. En mayo, Tennessee suspendió la ejecución de Tony Carruthers después de que los funcionarios pasaran más de una hora intentando localizar una vena.

El caso de Christa Pike

Pike, de 50 años y condenada a muerte por un asesinato cometido en 1995, recibió dos dosis de pentobarbital, un sedante. El procedimiento fue suspendido después de que el fármaco no produjera el resultado esperado.

Los especialistas citados plantean varias posibilidades para explicar el fallo, entre ellas que el medicamento haya pasado al tejido en lugar de llegar a la vena, que el fármaco no tuviera la potencia adecuada o que la respuesta individual al medicamento haya influido en el resultado.

Ante las dificultades de la inyección letal, algunos estados han recurrido a métodos alternativos. Alabama comenzó a utilizar la hipoxia por nitrógeno en 2024, mientras que el Departamento de Justicia de EE. UU. anunció en abril que ampliaría las modalidades de ejecución para incluir el fusilamiento.

El caso de Tennessee vuelve a colocar bajo escrutinio un procedimiento que los estados han modificado durante décadas debido a problemas con los medicamentos y a ejecuciones que no se desarrollaron según lo previsto.

Fuente: CNN