Colombia enfrenta una de las tragedias naturales más graves de los últimos años tras el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el occidente del país el pasado 10 de agosto. De acuerdo con el más reciente balance entregado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la cifra de fallecidos aumentó a 329 personas, mientras que los equipos de emergencia continúan trabajando en la búsqueda de desaparecidos y en la atención de miles de afectados.

La crisis del DHS se convierte así en un reflejo de la creciente polarización en Washington. Más allá del debate sobre el financiamiento, el enfrentamiento pone en evidencia la dificultad de alcanzar acuerdos incluso dentro del mismo partido, en un momento en que las decisiones políticas tienen consecuencias directas sobre la seguridad y el funcionamiento del país.

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, puntualizó que la política de Washington hacia Venezuela se mantiene firme, pese a los cambios políticos que se han registrado en los últimos meses.

Miles de inmigrantes que ingresaron a Estados Unidos bajo programas de parole humanitario podrían enfrentar un panorama migratorio más incierto después de una reciente decisión de la Corte de Apelaciones del Circuito de Washington, D.C. El fallo representa un respaldo importante para la estrategia migratoria de la administración del presidente Donald Trump y abre la puerta para que el gobierno tenga mayor margen de acción en la aplicación de procedimientos de deportación expedita.

Una publicación difundida en la red social X generó dudas sobre los criterios que utiliza actualmente el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para realizar detenciones en Estados Unidos. El mensaje sostenía que las acciones migratorias estarían dirigidas únicamente a personas indocumentadas con delitos o antecedentes penales. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) negó que exista esa limitación y calificó de falsa la información difundida en redes sociales.

A partir del 9 de septiembre, Colombia inicia una nueva etapa en su política de seguridad tras la decisión del presidente Abelardo De La Espriella de levantar la suspensión general que limitaba el porte de armas de fuego para ciudadanos con permisos vigentes.