La administración del presidente Donald Trump intensificó sus esfuerzos para revocar la ciudadanía estadounidense a personas naturalizadas, una medida que forma parte de una estrategia migratoria más amplia y que busca aumentar considerablemente el número de casos procesados en los próximos meses.
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Según un alto funcionario del Departamento de Justicia, el Gobierno tiene previsto presentar al menos 250 casos de revocación de ciudadanía antes de octubre de 2026, una cifra que representa una aceleración significativa respecto a años anteriores.
La iniciativa se enfoca en ciudadanos estadounidenses nacidos en el extranjero a quienes las autoridades acusan de haber obtenido la naturalización mediante fraude o de manera ilegal.
La administración Trump aumenta el ritmo de los procesos
En menos de dos meses de este año, el Departamento de Justicia ya presentó 29 casos de revocación de ciudadanía.
Las cifras muestran un aumento considerable en comparación con años anteriores. Entre 2008 y el 12 de junio de 2026 se registraron 166 denuncias de desnaturalización, lo que equivale a un promedio anual inferior a diez casos, según datos del Centro de Acceso a Registros Transaccionales de la Universidad de Syracuse.
De acuerdo con un alto funcionario del Departamento de Justicia, abogados de diversas divisiones han sido reasignados para trabajar específicamente en estos expedientes.
La medida forma parte de la política migratoria impulsada por Donald Trump, que ha ampliado su alcance más allá de las personas que se encuentran en situación migratoria irregular.
La legislación federal permite revocar la ciudadanía a una persona naturalizada en dos circunstancias principales: cuando realizó declaraciones falsas durante el proceso de naturalización o cuando obtuvo la ciudadanía de forma ilegal al no cumplir los requisitos exigidos.
Las autoridades han explicado que los casos que están impulsando incluyen a personas acusadas de fraude, abuso sexual de menores o apoyo a actividades terroristas antes o durante el proceso para convertirse en ciudadanos estadounidenses.
Sin embargo, la medida no afecta a quienes nacieron en territorio estadounidense y obtuvieron la ciudadanía por derecho de nacimiento.
Este asunto se desarrolla de forma paralela a otra batalla legal impulsada por Trump, quien intenta eliminar la ciudadanía automática por nacimiento mediante una orden ejecutiva cuya legalidad aún debe resolver la Corte Suprema.
Durante la última década, casi ocho millones de personas obtuvieron la ciudadanía estadounidense mediante naturalización, según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.
Ante esta realidad, la nueva estrategia ha despertado inquietud entre expertos legales y defensores de los derechos de los inmigrantes.
La administración de Trump dejó clara su prioridad en junio de 2025 mediante un memorando firmado por el secretario de Justicia adjunto, Brett Shumate.
El documento estableció diez categorías prioritarias, entre ellas personas consideradas una amenaza para la seguridad nacional, responsables de crímenes de guerra, casos de fraude y delitos graves ocultados durante el proceso de naturalización.
No obstante, el memorando también señala que estas categorías no limitan la capacidad de la División Civil para perseguir otros casos adicionales.
Actualmente, la unidad especializada en revocación de ciudadanía cuenta con 12 abogados que manejan una amplia acumulación de expedientes y continúan recibiendo nuevas derivaciones del Departamento de Seguridad Nacional.
Debido al volumen de trabajo, el Departamento de Justicia ha incorporado abogados de otras áreas, incluidos especialistas en fraude civil y funcionarios designados políticamente.
Además, las fiscalías federales están recibiendo expedientes que se distribuyen por distintas regiones del país. Un alto funcionario aseguró que podrían presentarse “varios cientos de casos más”.
Especialistas en derecho migratorio señalan que estos procedimientos son largos y complejos, razón por la que administraciones anteriores se concentraron principalmente en casos vinculados con terrorismo o crímenes de guerra.
La administración de Joe Biden, por ejemplo, presentó únicamente 24 casos en cuatro años.
Stacey Young, exfuncionaria del Departamento de Justicia y directora ejecutiva de Justice Connection, considera que, aunque el Gobierno pueda acelerar la apertura de expedientes, los procesos judiciales continuarán siendo un obstáculo importante.
Por su parte, Daniel Kanstroom, profesor de Derecho de la Facultad de Derecho de Boston College, recordó que existen fuertes protecciones legales respaldadas por decisiones de la Corte Suprema.
Las autoridades estadounidenses sostienen que el objetivo es perseguir a quienes cometieron fraudes graves y no a personas con infracciones menores.
“El objetivo es encontrar a quienes hayan cometido fraude grave contra Estados Unidos, identificarlos y actuar con la mayor rapidez posible”, señaló un alto funcionario del Departamento de Justicia.
Si un tribunal aprueba la revocación impulsada por el presidente Trump, la persona perderá la ciudadanía y recuperará el estatus migratorio que tenía antes de naturalizarse. En algunos casos, además, podría enfrentar un proceso de deportación.
Fuente: CNN
