La Asamblea Legislativa de Carolina del Norte dio luz verde a un proyecto clave para financiar el programa Medicaid, pero la decisión podría afectar a los inmigrantes y sus familiares en el estado.

La propuesta, conocida como HB696, fue aprobada en la Cámara de Representantes y el Senado y busca cubrir el déficit del sistema Medicaid, del cual dependen cerca de 3 millones de personas de bajos recursos en el estado.

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Sin embargo, dentro del paquete legislativo se incorporaron medidas de control más estrictas que han sido calificadas por organizaciones civiles como innecesarias y potencialmente perjudiciales para los inmigrantes.

Un proyecto aprobado sin cambios

La legislación avanzó con rapidez en ambas cámaras. En la Cámara de Representantes obtuvo 112 votos a favor y solo 3 en contra, mientras que en el Senado fue aprobada con 45 votos positivos frente a 3 negativos.

A pesar de las críticas y lo que implica para las familias de Carolina del Norte, el texto no fue modificado antes de su aprobación.

Una de las voces más críticas fue la de la senadora Sydney Batch, líder de la minoría demócrata en el Senado, quien pidió eliminar las disposiciones que afectan a los inmigrantes.

Sin embargo, su llamado no tuvo el efecto esperado y la mayoría de los legisladores respaldó el proyecto tal como estaba.

Nuevos controles y verificación migratoria

Uno de los puntos más sensibles de la ley es el refuerzo en los mecanismos de verificación del estatus migratorio.

El proyecto obliga al departamento de salud y servicios humanos del estado a compartir información de los solicitantes con el Departamento de Seguridad Nacional en casos donde no se pueda comprobar su estatus.

Además, se implementarán controles más estrictos para determinar la elegibilidad de quienes solicitan Medicaid. Si bien las medidas se presentan como una forma de supervisar el uso de los recursos públicos, organizaciones defensoras de inmigrantes advierten que podrían generar miedo y desconfianza en las comunidades.

Las nuevas disposiciones impactarían a ciertos grupos dentro de la población inmigrante. Entre ellos:

• Residentes permanentes legales que actualmente pueden acceder a Medicaid sin cumplir el período de espera de cinco años gracias a excepciones estatales.

• Mujeres embarazadas inmigrantes que calificaban bajo esas mismas excepciones.

• Familias de estatus mixto, donde algunos miembros son ciudadanos estadounidenses y otros no.

Con los cambios, muchas de estas personas podrían perder acceso inmediato al programa o enfrentar mayores obstáculos para recibir atención médica.

El temor de los inmigrantes

Varias organizaciones comunitarias han advertido que el impacto de la ley no se limita a los requisitos legales, sino también al efecto psicológico que puede generar. El miedo a compartir información personal o a ser reportado podría hacer que muchas familias de inmigrantes eviten solicitar servicios de salud, incluso cuando tienen derecho a ellos.

Según datos citados por la organización Siembra NC, 1 de cada 7 personas referidas al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Carolina del Norte podría ser reportada por error.

La posibilidad incrementa la preocupación entre quienes temen consecuencias migratorias por buscar atención médica.

Por su parte, la organización El Pueblo, que trabaja con comunidades Latinas, expresó su rechazo a las disposiciones incluidas en la ley. En un comunicado, destacó que, aunque el financiamiento de Medicaid es necesario, la incorporación de medidas antiinmigrantes podría disuadir a miles de familias de acceder a servicios esenciales.

“Al aprobar el necesario y urgente financiamiento del Medicaid estatal, del cual dependen 3 millones de personas de bajos recursos en Carolina del Norte, la Legislatura estatal ha utilizado esta ley para imponer peligrosos requerimientos antiinmigrantes que pueden disuadir a miles de familias, especialmente de estatus mixto, de solicitar atención médica para la cual son legalmente elegibles”, advirtió la organización.

También alertó que dichas políticas refuerzan una narrativa que responsabiliza a los inmigrantes de problemas estructurales del sistema, lo que, según afirman, no corresponde con la realidad.

Contra todo pronóstico, El Pueblo afirmó que continuará trabajando con aliados para asegurarse que la comunidad inmigrante Latina entienda los alcances de esta nueva ley estatal y sepan hacer valer su derecho a acceder a los servicios de salud que contempla la ley.

Todas las personas que requieran mayor información sobre las disposiciones de la nueva ley y lo que deben hacer pueden consultar la página de El Pueblo.

Fuente: Con información de El Pueblo y Enlace Latino