Mientras el caso avanza en los tribunales, el debate público se centra en la seguridad, la evidencia científica y la protección de la niñez. La decisión judicial no solo impactará el calendario de vacunación actual, sino que podría sentar un precedente crucial sobre cómo se formulan y aplican las políticas de salud pública en Estados Unidos.
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Más de una decena de estados presentaron una demanda contra la administración del presidente Donald Trump tras la decisión federal de modificar las recomendaciones de vacunación infantil en Estados Unidos.
La acción legal sostiene que los cambios representan una amenaza directa para la salud pública y podrían incrementar el riesgo de brotes de enfermedades prevenibles.
Estados demandan a Trump
El conflicto surgió luego de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades anunciaran que dejarán de recomendar de forma rutinaria varias vacunas infantiles, entre ellas las dirigidas contra la gripe, el rotavirus, la hepatitis A, la hepatitis B, ciertas formas de meningitis y el virus respiratorio sincicial.
Bajo las nuevas directrices, estas inmunizaciones quedarían limitadas a grupos considerados de alto riesgo o sujetas a lo que se denomina toma de decisiones compartida entre médico y paciente.
Los estados demandantes argumentan que esta modificación rompe con décadas de lineamientos científicos consolidados y obligará a las autoridades estatales a destinar mayores recursos para contener posibles brotes.
Funcionarios de salud de estados como Arizona y California señalaron que reducir la recomendación general podría debilitar las tasas de vacunación y aumentar la vulnerabilidad de comunidades enteras.
La fiscal general de Arizona, Kris Mayes, calificó la medida como una politización peligrosa de la salud pública. Desde su perspectiva, la protección de la infancia no debe convertirse en un tema ideológico ni en un campo de batalla partidista.
Otros fiscales estatales coincidieron en que el cambio de política podría erosionar la confianza en el sistema de inmunización nacional.
El debate se intensifica en un contexto de transformaciones profundas dentro del aparato sanitario federal. El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., destituyó el año pasado a todos los integrantes de un comité asesor de vacunas y nombró nuevos miembros.
Según la demanda, esa reestructuración fue irregular y afectó la independencia técnica del organismo encargado de formular recomendaciones basadas en evidencia científica.
Además de los cambios en vacunación, la administración federal ha impulsado recortes presupuestarios en investigación científica y ajustes en otras directrices sanitarias, lo que ha generado preocupación en diversos sectores médicos.
Organizaciones profesionales han advertido que alterar esquemas de inmunización consolidados podría revertir avances logrados en la reducción de enfermedades infecciosas.
El enfrentamiento también refleja la creciente tensión entre gobiernos estatales y la Casa Blanca en materia de competencias sanitarias.
Aunque los estados tienen autoridad para exigir vacunas en el ámbito escolar, históricamente las recomendaciones de los CDC han servido como referencia clave para establecer requisitos y calendarios de inmunización.
Ante este panorama, algunos gobernadores demócratas ya habían anunciado alianzas regionales para emitir lineamientos propios de salud pública. La intención es garantizar continuidad en las políticas de vacunación independientemente de las decisiones federales.
Expertos en derecho sanitario señalan que el desenlace judicial podría definir el alcance de la autonomía estatal frente a la autoridad nacional en temas de salud.
Especialistas en epidemiología advierten que la disminución en la recomendación de vacunas infantiles podría tener efectos acumulativos a mediano plazo. La experiencia histórica demuestra que descensos modestos en la cobertura pueden desencadenar brotes significativos de enfermedades previamente controladas.
Mientras el caso avanza en los tribunales, el debate público se centra en la seguridad, la evidencia científica y la protección de la niñez. La decisión judicial no solo impactará el calendario de vacunación actual, sino que podría sentar un precedente crucial sobre cómo se formulan y aplican las políticas de salud pública en Estados Unidos.
Fuente: CNN
