El Departamento de Justicia de EE. UU. notificó una nueva ofensiva contra inmigrantes naturalizados que, según las investigaciones, obtuvieron la ciudadanía estadounidense mediante fraude o que posteriormente estuvieron involucrados en delitos graves.
De acuerdo con un comunicado de la agencia federal, la medida forma parte de una estrategia más amplia enfocada en endurecer los controles migratorios y reforzar las acciones de deportación.
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En el texto, el Departamento de Justicia notificó que presentó demandas contra 17 ciudadanos naturalizados nacidos en el extranjero con el objetivo de iniciar procesos de desnaturalización. Dicho mecanismo legal permite retirar la ciudadanía estadounidense en determinados casos establecidos por la ley.
Inmigrantes enfrentan severas acusaciones
Tal como explicaron las autoridades del Departamento de Justicia, las personas incluidas en esta nueva ronda de acciones enfrentan acusaciones relacionadas con delitos graves o con supuestas irregularidades durante el proceso mediante el cual obtuvieron la ciudadanía.
Entre los señalamientos mencionados por el gobierno figuran fraude bancario, lavado de dinero, narcotráfico, suplantación de identidad y abuso sexual contra menores.
La administración sostiene que algunos de los inmigrantes acusados ocultaron información relevante durante sus trámites migratorios o proporcionaron datos falsos para conseguir la naturalización.
Debido a la magnitud del caso, advirtieron que continuarán revisando expedientes de inmigrantes que pasaron a ser ciudadanos estadounidenses para identificar posibles casos en los que se haya incumplido la legislación migratoria del país.
Departamento de Justicia mantiene “tolerancia cero”
En la misiva, los funcionarios defendieron las medidas argumentando que la ciudadanía estadounidense debe obtenerse de forma legal y transparente.
El fiscal general interino, Todd Blanche, apuntó que la administración mantiene una política de “tolerancia cero” frente a quienes presuntamente engañaron al sistema migratorio.
Según explicó, los procesos de desnaturalización buscan garantizar que quienes acceden a la ciudadanía cumplan con todos los requisitos establecidos por la ley.
Por ende, la ciudadanía representa un beneficio que implica responsabilidades y que cualquier evidencia de fraude o actividad criminal grave, dará lugar a acciones legales para revocar ese estatus.
En el caso de los inmigrantes naturalizados a quienes se les revocará la ciudadanía, estos provienen de distintos países, entre ellos Colombia, Cuba, México, República Dominicana, Haití, India, Somalia, Filipinas y Jamaica.
Uno de los casos mencionados por el Departamento de Justicia es el de Andrea Marroquín, nacida en Colombia y naturalizada en Estados Unidos en 2009. Según la acusación federal, habría participado en una conspiración relacionada con fraude electrónico, fraude bancario y lavado de dinero durante varios años.
Otro de los expedientes corresponde a Fernando Cristancho, de 69 años, quien utilizó su posición como sacerdote católico para manipular y abusar sexualmente de menores de edad.
Esta no es la primera vez que la administración Trump recurre a este tipo de procesos. Meses atrás, las autoridades iniciaron procedimientos similares contra otro grupo de inmigrantes que obtuvieron la ciudadanía.
Los miembros del Departamento de Justicia detallaron que, bajo la administración de Trump, seguirán utilizando las herramientas legales disponibles para identificar y sancionar a todos aquellos extranjeros que obtuvieron beneficios migratorios de manera indebida.
Gobierno advierte más deportaciones
Además de la revocación de ciudadanía, las autoridades adelantaron que continuarán impulsando procesos de deportación contra extranjeros que hayan violado las leyes.
El fiscal general adjunto, Brett A. Shumate, aseguró que el Departamento de Justicia seguirá persiguiendo casos de fraude migratorio y utilizará los mecanismos legales correspondientes para retirar la ciudadanía cuando existan fundamentos jurídicos para hacerlo.
La administración Trump considera que estas acciones son necesarias para proteger la integridad del sistema migratorio estadounidense.
Mientras tanto, organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes expresaron preocupación por el alcance de las medidas y el impacto que podrían tener.
Fuente: Con información de Departamento de Justicia
