Aunque líderes del Congreso anticipan una resolución relativamente rápida, el cierre parcial del Gobierno vuelve a poner en evidencia la fragilidad del proceso presupuestario en Estados Unidos. Cada día sin acuerdo aumenta la presión política y social, y deja claro que incluso un cierre limitado puede tener consecuencias amplias y difíciles de ignorar.
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El Gobierno federal de Estados Unidos entró en un cierre parcial a partir de la medianoche del 31 de enero de 2026, luego de que el Congreso no lograra aprobar a tiempo un acuerdo de financiamiento para varias agencias.
Aunque el impacto inicial parece limitado frente a cierres anteriores, la medida ya genera incertidumbre para millones de personas y mantiene bajo presión a los trabajadores federales y a sectores clave de la economía.
Cierre parcial de Gobierno
A diferencia de otros episodios, este cierre no paraliza por completo a la administración pública.
Varias agencias, entre ellas los departamentos de agricultura, asuntos de veteranos, interior, energía, justicia y comercio, continúan operando con normalidad gracias a que ya cuentan con fondos aprobados para el resto del año fiscal.
Esto evita, por ejemplo, interrupciones inmediatas en programas sensibles como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, conocido como SNAP.
Sin embargo, otras dependencias sí enfrentan restricciones. Entre las más afectadas se encuentran los departamentos de Seguridad Nacional, Defensa, Educación, Salud y Servicios Humanos, Transporte, Estado, Trabajo y Tesoro.
En conjunto, estas áreas concentran más de tres cuartas partes del gasto discrecional federal, lo que explica la preocupación por un posible efecto dominó si el cierre se prolonga más allá de unos pocos días.
Uno de los focos centrales del conflicto político es el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional. El Senado aprobó un proyecto que extiende sus fondos solo por dos semanas, con el objetivo de abrir una negociación sobre reformas en las operaciones de control migratorio.
Esta exigencia surge tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses durante operativos de agentes migratorios en Minneapolis, un hecho que desató protestas y presión pública. La Cámara de Representantes debe ahora decidir si acepta la versión del Senado o insiste en su propio paquete de gastos.
Mientras tanto, la Casa Blanca ya activó los protocolos de cierre. La Oficina de Administración y Presupuesto instruyó a las agencias a notificar a sus empleados si serán suspendidos temporalmente o si deberán seguir trabajando sin salario.
Aunque la ley garantiza el pago retroactivo una vez que el Congreso apruebe el financiamiento, el golpe inmediato recae en la estabilidad financiera de cientos de miles de familias.
Se estima que alrededor del 45 por ciento de los empleados civiles federales resultarán afectados. Más de medio millón podría continuar trabajando sin recibir sueldo, mientras que otros cientos de miles quedarían suspendidos.
Esta situación no solo genera tensión laboral, también reduce el consumo y afecta la actividad económica local en muchas regiones del país.
En cuanto a los servicios al público, algunos se mantienen activos por considerarse esenciales. Los pagos del Seguro Social, Medicare, Medicaid y los beneficios por desempleo no se interrumpen.
El Servicio Postal continúa operando con normalidad, ya que se financia principalmente con la venta de sus propios servicios. Los parques nacionales, museos Smithsonian y el Zoológico Nacional permanecen abiertos gracias a su financiamiento previo.
El transporte aéreo, en cambio, podría resentir el impacto. Los controladores de tráfico aéreo y los agentes de seguridad aeroportuaria siguen trabajando, pero sin apoyo completo del personal administrativo.
En cierres anteriores, esta combinación derivó en retrasos masivos, cancelaciones de vuelos y reducción de operaciones en decenas de aeropuertos.
Desde el punto de vista económico, los cierres gubernamentales tienen un costo real. Experiencias pasadas muestran pérdidas de miles de millones de dólares en crecimiento económico, ingresos fiscales que no se recuperan y retrasos en la publicación de indicadores clave como el informe mensual de empleo.
Todo esto dificulta medir con precisión el estado de la economía en un momento ya marcado por la volatilidad.
Aunque líderes del Congreso anticipan una resolución relativamente rápida, el cierre parcial del Gobierno vuelve a poner en evidencia la fragilidad del proceso presupuestario en Estados Unidos. Cada día sin acuerdo aumenta la presión política y social, y deja claro que incluso un cierre limitado puede tener consecuencias amplias y difíciles de ignorar.
Fuente: CNN
