El Gobierno de Estados Unidos volvió a acudir a la Corte Suprema para intentar mantener la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para cientos de miles de venezolanos.
La solicitud de emergencia, presentada el miércoles por el Departamento de Justicia, busca suspender un fallo que ordenó restablecer esa protección mientras continúa la impugnación judicial.
Leer más: José Romero: el arte como refugio y camino de vida
Es la tercera ocasión en que la Administración de Donald Trump recurre al máximo tribunal en esta disputa. El Gobierno pide mantener su decisión de retirar la protección humanitaria contra la deportación, concedida a venezolanos durante el mandato del expresidente Joe Biden.

TPS
El juez federal de distrito Edward Chen, con sede en San Francisco, determinó que las autoridades no tenían facultades para poner fin al TPS. Su resolución está prevista para entrar en vigor este viernes, 20 de noviembre, salvo que un tribunal de apelaciones o la Corte Suprema extienda su suspensión.
El Departamento de Justicia advirtió que, sin intervención judicial antes de esa fecha, el Departamento de Seguridad Nacional tendría que restablecer el estatus para cientos de miles de venezolanos, después de una interrupción de 19 meses.
Según el Gobierno, la restitución del TPS impediría deportar a cientos de personas con órdenes definitivas de expulsión y obligaría a liberar inmediatamente a unos 1,800 venezolanos detenidos.
Los demandantes, entre ellos beneficiarios del programa y una organización que defiende sus derechos, sostienen que las decisiones anteriores han tenido consecuencias graves.
Señalaron que venezolanos protegidos por el TPS han sido detenidos, separados de sus hijos ciudadanos estadounidenses, deportados a Venezuela y enviados a terceros países con los que no mantienen vínculos.
La disputa se desarrolla en un contexto de decisiones judiciales sobre otras designaciones migratorias. En junio, la Corte Suprema respaldó medidas del Gobierno que pusieron fin al TPS para cientos de miles de haitianos y sirios, una resolución que impulsó la política migratoria restrictiva del presidente republicano.
Qué permite el TPS
El Estatus de Protección Temporal es una designación que autoriza a personas de países afectados por guerras, desastres naturales u otras catástrofes a permanecer y trabajar en Estados Unidos mientras no sea seguro regresar.
Venezuela recibió la designación en 2021 y 2023, durante la Administración Biden. Días antes de que Trump regresara al poder, el Gobierno anunció una extensión de la designación de 2023 hasta octubre de 2026.
La exsecretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, nombrada por Trump, revocó la prórroga y tomó medidas para terminar las designaciones. La Administración sostiene que las protecciones del TPS siempre fueron temporales.
Chen concluyó el año pasado que Noem había infringido una ley federal que regula las actuaciones de las agencias del Gobierno. El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco, confirmó esa decisión.
La Corte Suprema suspendió el fallo de Chen a petición del Gobierno en octubre de 2025. Esa suspensión venció este mes.
Después, la Corte Suprema ordenó al Noveno Circuito aplicar al caso venezolano su decisión sobre los beneficiarios haitianos y sirios del TPS. Sin embargo, está previsto que este viernes entre en vigor la resolución del Noveno Circuito que confirmó el fallo de Chen.
En su solicitud, el Departamento de Justicia criticó al tribunal de apelaciones por obligar al Gobierno a volver por tercera vez ante la Corte Suprema y reiterar argumentos casi idénticos, según el escrito.
El Departamento de Estado recomienda reconsiderar los viajes a Venezuela debido a riesgos como delincuencia, secuestros y deficiencias en la infraestructura sanitaria. La petición busca evitar que el restablecimiento de la protección entre en vigor mientras los tribunales examinan las facultades del Gobierno para cancelar el TPS.
Fuente: CNN




