El Parlamento Europeo ha dado luz verde a una nueva y polémica legislación que busca acelerar la expulsión de inmigrantes que no cuentan con derecho legal para permanecer en el territorio de la Unión Europea.
La medida, aprobada por una amplia mayoría de eurodiputados de centroderecha y derecha, generó una fuerte división debido a que se considera una de las leyes más fuertes en políticas migratorias.
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Con 418 votos a favor, impulsados principalmente por el Partido Popular Europeo y grupos conservadores y de derecha, la región adoptará un mecanismo parecido al instaurado en Estados Unidos.
Reglamento de retorno: cómo afecta a los inmigrantes
La nueva norma, conocida como el reglamento de retorno, representa uno de los cambios más significativos en la política migratoria de la Unión Europea en las últimas décadas.
Su objetivo, a simple vista, es facilitar la devolución de migrantes en situación irregular a sus países de origen o a terceros con los que la UE tenga acuerdos.
Sin embargo, la ley también da paso a la creación de centros de reclusión fuera del territorio comunitario. Los espacios funcionarían como instalaciones de tránsito en países no pertenecientes a la UE, donde los migrantes esperarían su deportación o una resolución sobre su situación legal.
Según el texto, los inmigrantes podrían permanecer en dichos centros de reclusión durante periodos prolongados, sin un límite de tiempo claramente definido en algunos casos.
La única excepción explícita serían los menores no acompañados, mientras que las familias con niños serían trasladadas a estas instalaciones.
Dicha decisión abrió un debate entre miembros de organizaciones de derechos humanos, quienes cuestionan la seguridad y las garantías legales de tales espacios.
Eurodiputados corean “¡mandadlos de vuelta!”
La aprobación de la ley dejó escenas de tensión en el hemiciclo del Parlamento Europeo. Mientras los defensores del texto celebraban el resultado, algunos eurodiputados gritaban que los inmigrantes deben regresarse a sus países.
Desde los grupos socialistas y de izquierda, la reacción fue de rechazo. Sus representantes han advertido que esta normativa podría debilitar derechos fundamentales de los inmigrantes.
A su vez, temen que en Europa se normalicen prácticas que antes se consideraban incompatibles con los valores europeos.
Las organizaciones de la sociedad civil también han expresado su preocupación por el impacto de las nuevas disposiciones. Entre los puntos más polémicos se encuentra la ampliación de los periodos de detención y el endurecimiento de las prohibiciones de entrada a territorio europeo.
Varios expertos en política migratoria creen que las acciones de la región se están alineando con el pensar del presidente Donald Trump.
Inmigrantes sometidos a detenciones extensas
La ley introduce cambios significativos en la gestión de los inmigrantes en situación irregular. En ese sentido, se establece que las personas permanezcan retenidas en los referidos centros hasta 2 años, con la posibilidad de una prórroga de 6 meses.
Aquellos casos considerados de riesgo para la seguridad, la duración podría ser incluso indefinida.
En cuanto al tiempo de prohibición de entrada a la Unión Europea, la ley también lo extiende. La mayoría de los casos, pasarían de 5 a 10 años, con la posibilidad de vetos permanentes para personas consideradas una amenaza.
Otro cambio importante es la modificación del proceso de apelación. Hasta ahora, los recursos legales contra una expulsión suspendían automáticamente la orden de retorno.
Con la nueva normativa, esta suspensión dejará de ser automática y serán los tribunales los que decidan caso por caso si la expulsión debe detenerse mientras se resuelve el recurso.
Además, la legislación amplía las facultades de las autoridades para localizar a personas en situación irregular, incluyendo el registro de su lugar de residencia u otros espacios relevantes. Tal y como está ocurriendo en Estados Unidos mediante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
La medida abre una nueva etapa en la que el equilibrio entre control migratorio, seguridad y derechos humanos penden de un hilo.
Fuente: inSouth Magazine con información de Euro News
