La batalla judicial que enfrenta Nicolás Maduro en Estados Unidos entró en una nueva etapa luego de que la defensa solicitara formalmente la desestimación de los cargos penales en su contra bajo el argumento de la llamada “inmunidad soberana”.

Dicha petición fue presentada ante el tribunal federal de Nueva York que lleva el caso. Según los documentos judiciales, los abogados del exmandatario venezolano sostienen que la corte estadounidense no tiene jurisdicción para procesarlo debido a que, a su juicio, cuenta con inmunidad tanto por su condición de jefe de Estado como por las acciones realizadas mientras ejercía funciones gubernamentales.

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Los argumentos fueron expuestos por el abogado Barry Pollack, quien entregó dos mociones ante el tribunal. La primera busca que toda la acusación sea desestimada basándose en la inmunidad soberana. La segunda plantea que, si el tribunal no acepta eliminar todos los cargos, al menos retire la acusación de conspiración para cometer narcoterrorismo.

Además, la defensa de Nicolás Maduro pidió que el caso sea cerrado “con perjuicio”, una figura legal que impediría a los fiscales volver a presentar la misma acusación en el futuro.

La petición de Nicolás Maduro se extiende a Cilia Flores

La estrategia legal no se limita a Nicolás Maduro. Los abogados de su esposa, Cilia Flores, presentaron una solicitud similar para que se retiren los cargos en su contra. El cuerpo de juristas detalló que Flores debería beneficiarse de la misma inmunidad que reclama su esposo debido a la condición de primera dama durante el tiempo en que Maduro estuvo en el poder.

Para respaldar esta posición, los abogados citaron precedentes judiciales en Estados Unidos relacionados con esposas de jefes de Estado extranjeros que lograron protección bajo el principio de inmunidad soberana.

Nicolás Maduro enfrenta varias acusaciones en Estados Unidos, entre ellas conspiración para cometer actos de narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de armas automáticas. El proceso se desarrolla en una corte federal de Nueva York tras su captura en Caracas durante una operación realizada por autoridades estadounidenses el pasado 3 de enero.

La defensa argumenta que el cargo de narcoterrorismo presenta problemas legales. Según Pollack, la acusación intenta procesar a un ciudadano extranjero por hechos ocurridos fuera de territorio estadounidense y no demuestra de forma adecuada que existiera una intención de causar daño a Estados Unidos, sus ciudadanos o sus intereses.

Bajo esa interpretación, la defensa considera que el Congreso estadounidense no tendría autoridad suficiente para aplicar esa figura penal en este caso.

¿Qué tan viable es el argumento de inmunidad?

Aunque la defensa considera que existen fundamentos jurídicos para desestimar el caso, varios expertos creen que la solicitud enfrenta obstáculos importantes.

Uno de los factores más relevantes es que Estados Unidos dejó de reconocer a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela en 2019. En aquel momento, Washington desconoció los resultados de las elecciones presidenciales de 2018 y posteriormente también cuestionó los comicios de 2024, calificándolos de fraudulentos.

Este antecedente podría convertirse en un elemento clave para la respuesta de la Fiscalía. Si el gobierno estadounidense no reconoce a Maduro como jefe de Estado legítimo, el argumento de inmunidad basado en esa condición podría perder fuerza ante el tribunal.

Otro aspecto que tendría peso es la postura que adopte el actual gobierno venezolano. Algunos especialistas señalan que un respaldo formal a la solicitud de inmunidad podría ser tomado en cuenta por la corte, aunque no necesariamente resultaría determinante.

Tras la presentación de argumentos de la defensa de Nicolás Maduro y Cilia Flores, ahora le corresponde a la fiscalía responder y tiene hasta el próximo 2 de octubre para hacerlo. Se espera que los fiscales rechacen la solicitud y defiendan la continuidad del proceso penal.

Posteriormente, el tribunal celebrará una audiencia programada para el 17 de noviembre, donde se debatirán estas cuestiones antes de avanzar hacia la fase de juicio que se realizará en junio de 2027.

Fuente: Con información de EFE y El Político