La Ley de Vivienda del Siglo XXI ya es una realidad en Estados Unidos tras convertirse oficialmente en ley, marcando un paso importante en los esfuerzos para enfrentar la crisis de asequibilidad que afecta al mercado inmobiliario.

La legislación, impulsada con apoyo bipartidista, reúne un conjunto de medidas orientadas a aumentar la oferta de viviendas, reducir costos y ampliar el acceso a opciones habitacionales para millones de personas.

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La aprobación de esta normativa refleja el reconocimiento por parte de los legisladores del creciente malestar de los estadounidenses frente al elevado precio de las viviendas y los alquileres.

En un escenario caracterizado por tasas hipotecarias altas y valores inmobiliarios cercanos a máximos históricos, muchas familias consideran cada vez más difícil adquirir una vivienda o afrontar el pago mensual del alquiler.

Ley

Diversos defensores de la iniciativa consideran que se trata de la reforma de vivienda más amplia aprobada en al menos tres décadas. Incluso fue descrita por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, como una de las leyes más importantes relacionadas con la asequibilidad de la vivienda en la historia del país.

El proceso de aprobación estuvo marcado por la controversia política. Aunque el presidente Donald Trump había expresado inicialmente su respaldo al proyecto, posteriormente manifestó su rechazo y anunció que no lo firmaría como protesta por la falta de aprobación de la denominada Ley SAVE America, relacionada con la identificación de votantes.

También canceló una ceremonia de firma previamente programada y calificó la iniciativa como un proyecto poco relevante.

No obstante, al no ejercer el veto presidencial dentro del plazo establecido por la Constitución, la legislación entró automáticamente en vigor.

Este desenlace puso fin a varios meses de negociaciones bipartidistas para sacar adelante una reforma destinada a responder a una crisis que se ha desarrollado durante años como consecuencia de una combinación de construcción insuficiente, regulaciones urbanísticas restrictivas, aumento de la demanda y decisiones administrativas.

La nueva legislación incorpora un total de 47 propuestas enfocadas principalmente en incrementar la oferta de viviendas.

Entre sus medidas figura el impulso a la construcción de viviendas prefabricadas, la conversión de edificios de oficinas en apartamentos y la creación de un programa piloto para financiar la reparación de viviendas antiguas mediante subvenciones y préstamos condonables.

Asimismo, la ley busca incentivar que los estados y los gobiernos locales adopten políticas de uso del suelo y normas de zonificación que favorezcan nuevos desarrollos habitacionales. Sin embargo, la legislación no obliga a las administraciones locales a modificar sus regulaciones, por lo que la aplicación dependerá de la voluntad de cada comunidad.

Según se señala en el texto, uno de los principales obstáculos para ampliar la construcción continúa siendo la oposición de algunos propietarios, conocidos como NIMBY, quienes rechazan nuevos desarrollos por considerar que podrían afectar el valor de sus propiedades.

Otro de los aspectos que aborda la normativa es la participación de grandes inversionistas institucionales en el mercado de viviendas unifamiliares. La ley establece que los inversionistas que posean más de 350 viviendas no podrán adquirir nuevas propiedades de este tipo.

Sin embargo, la medida no obliga a quienes ya superan ese límite a vender parte de sus inmuebles.

Aun así, el impacto podría ser limitado, ya que gran parte de las viviendas destinadas a inversión pertenece a pequeños propietarios con menos de diez inmuebles, mientras que varios grandes fondos inmobiliarios ya habían comenzado a reducir sus adquisiciones en este segmento.

Especialistas también advierten que los efectos de la ley no serán inmediatos. La construcción de nuevas viviendas requiere tiempo y la implementación dependerá del trabajo de diferentes organismos federales, estatales y locales.

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano deberá desarrollar decenas de nuevos programas, reglamentos y estudios para poner en marcha las disposiciones contempladas por la legislación.

Además, la norma no modifica factores que continúan influyendo directamente en la crisis habitacional, como las elevadas tasas hipotecarias, el denominado efecto de bloqueo que limita la venta de viviendas adquiridas con créditos más baratos, el incremento de los costos de construcción, la escasez de mano de obra, la inflación y la insuficiencia del apoyo federal para la vivienda asequible.

Pese a estas limitaciones, los impulsores de la Ley de Vivienda del Siglo XXI consideran que su aprobación representa un avance significativo para enfrentar uno de los desafíos más importantes del mercado inmobiliario estadounidense y podría convertirse en el punto de partida para futuras reformas que continúen ampliando las oportunidades de acceso a la vivienda.

Fuente: CNN