La falta de acceso oportuno a servicios de salud mental está provocando que decenas de centros de detención juvenil en Estados Unidos mantengan bajo custodia a menores de edad que, en muchos casos, no deberían permanecer encerrados.

Así lo revela un análisis realizado por Simmrin Law Group, basado en datos de tribunales juveniles, cifras nacionales sobre encarcelamiento de jóvenes, informes estatales, hallazgos federales sobre derechos civiles y una investigación bipartidista publicada en 2026.

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El estudio expone un panorama preocupante: aunque el número de adolescentes recluidos en centros juveniles ha disminuido de forma significativa durante la última década, quienes permanecen en estas instalaciones presentan necesidades de salud mental cada vez más complejas, mientras los sistemas de atención especializada muestran importantes carencias.

Salud mental

Uno de los principales hallazgos indica que 75 centros de detención juvenil distribuidos en 25 estados mantuvieron a menores privados de libertad debido a que no existían servicios externos disponibles para atender sus problemas de salud mental.

En lugar de recibir tratamiento en instalaciones médicas adecuadas, estos jóvenes permanecieron en centros de detención mientras esperaban un espacio en programas especializados.

La investigación bipartidista, realizada en febrero de 2026 y basada en las respuestas de 157 administradores de centros juveniles, también identificó situaciones especialmente delicadas.

En 20 instalaciones ubicadas en 13 estados, algunos menores permanecían detenidos pese a no enfrentar cargos o estar acusados únicamente de infracciones que normalmente no justificarían una medida de internamiento.

Además, seis centros informaron que algunos jóvenes continuaron privados de libertad incluso después de la fecha prevista para su liberación, únicamente porque no existían camas disponibles en instituciones dedicadas al tratamiento de salud mental.

El informe sostiene que esta situación refleja una presión creciente sobre el sistema de justicia juvenil, que está asumiendo funciones para las cuales originalmente no fue diseñado. Según el análisis, la detención segura se está utilizando como alternativa ante la falta de infraestructura suficiente en la red de atención psiquiátrica infantil y juvenil.

Los datos también muestran cómo ha cambiado el perfil de la población recluida. De acuerdo con estadísticas de la Oficina de Justicia Juvenil y Prevención de la Delincuencia (OJJDP), en 2023 había 29.314 menores en centros juveniles de todo el país, lo que representa una reducción del 46 % respecto a 2013.

Sin embargo, la disminución del número de jóvenes detenidos no ha significado una menor complejidad para las instituciones. Por el contrario, el estudio concluye que quienes permanecen recluidos suelen requerir mayor supervisión, atención clínica especializada y tratamientos prolongados.

El caso de Texas ilustra esa realidad. Datos correspondientes al año fiscal 2025 del Departamento de Justicia Juvenil del estado señalan que el 69 % de los menores internados presentaba necesidades moderadas o graves de salud mental.

A esa situación se suma el perfil de riesgo de parte de la población recluida. El informe indica que el 7.3 % de los ingresos correspondía a casos relacionados con homicidio, mientras que el 31.6 % involucraba condenas de larga duración.

Esto implica que el personal de los centros debe enfrentar simultáneamente problemas de seguridad asociados con delitos graves y necesidades psiquiátricas complejas.

Los investigadores advierten que la reducción del encarcelamiento juvenil ha concentrado en los centros a los casos más difíciles, lo que incrementa la demanda de recursos especializados y personal capacitado para responder tanto a problemas conductuales como a trastornos de salud mental.

Simmrin Law Group concluye que la situación ha dejado de ser únicamente un problema del sistema de justicia juvenil para convertirse en una crisis de salud mental infantil que se desarrolla dentro de instalaciones de detención.

El análisis plantea que la principal interrogante ya no es únicamente cuántos menores permanecen privados de libertad, sino si estos centros cuentan realmente con la capacidad para brindar el tratamiento que muchos de ellos necesitan o si, por el contrario, funcionan como espacios de espera mientras el sistema de atención médica encuentra disponibilidad.

De acuerdo con los datos revisados, la falta de acceso a servicios especializados continúa obligando a numerosos menores a permanecer tras las rejas, incluso cuando la atención que requieren corresponde al ámbito sanitario y no al penitenciario.

Fuente: Nota especial