El juez superior para el distrito de California falló a favor de mantener el Temporary Protected Status (TPS) para los inmigrantes venezolanos
Foto cortesía de CB24
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La decisión de mantener el TPS fue tomada por el juez Edward M. Chen el lunes 31 de marzo. A juicio del magistrado, no se puede proceder sin un pronunciamiento firme y claro sobre este aspecto.
Esta respuesta se debe a la demanda interpuesta por la organización llamada Alianza Nacional del TPS (NTPSA) que presentó el caso contra el Department of Homeland Security (DHS) y su secretaria, Kristi Noem.
El caso que reposa en el tribunal del distrito norte de California, busca impedir que el gobierno liderado por Donald Trump elimine por completo el beneficio para los venezolanos.
La demanda, de la cual el juez M. Chen fijó una respuesta, expone que la decisión del gobierno estadounidense privará a más de 600,000 venezolanos de su derecho a vivir y trabajar legalmente en el país.
Argumentos de los demandantes
El grupo NTPSA, representados por afiliados de American Civil Liberties Union (ACLU), dejaron en claro que al eliminar el TPS los venezolanos quedan desprovistos de sus derechos durante los siguientes 18 meses.
Además de esto, los afectados también quedan expuestos a la posible deportación inmediata por no tener un estatus legal en el país.
Los demandantes indicaron frente al juez de California que este tipo de acciones dejaron en evidencia que el gobierno violó la ley de procedimiento administrativo. Así como las cláusulas del debido proceso.
Ante esta situación, el NTPSA solicitó al magistrado M.Chen que otorgara una medida en la que se declarara que las acciones tomadas por el DHS y su secretaria son inconstitucionales.
Foto cortesía de Diario Las Américas
Pasos siguientes
El juez consideró que, al poner fin al TPS para los venezolanos, no solo afectaría a sus beneficiarios sino que también habría un impacto negativo en las comunidades.
Tras el fallo, el juez instruyó que las partes presenten un informe sobre la situación dentro de una semana, a partir de la fecha de la orden emitida el 31 de marzo.
Hasta los momentos, el gobierno no ha presentado ninguna prueba que contradiga o refute lo expuesto por los demandantes.
Fuente: Diario Las Américas
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