Venezuela aprobó por unanimidad una reforma de la ley de hidrocarburos que marca un punto de inflexión en la política petrolera del país.
La modificación legal introduce cambios estructurales que permiten una mayor participación del sector privado tanto nacional como extranjero. Un paso considerado histórico tomando en cuenta que, durante más de dos décadas, el sector estuvo controlado por el estado bajo el modelo del chavismo y luego el madurismo.
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Jorge Rodríguez, quien lidera el Parlamento de Venezuela, dijo que la reforma busca fortalecer la competitividad del sector petrolero sin renunciar a los principios de soberanía nacional.
Según explicó, el estado mantiene la propiedad de los yacimientos, pero abre nuevas formas de contratación que facilitan la entrada de empresas privadas para actividades de exploración, explotación y comercialización del crudo.
Uno de los aspectos centrales de la nueva ley es la eliminación de la obligatoriedad de las empresas mixtas como único mecanismo de participación extranjera.
Hasta ahora, las compañías privadas solo podían operar en Venezuela asociadas con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), que debía conservar la mayoría accionaria y el control operativo.
Con la reforma, se habilitan contratos directos entre PDVSA y empresas privadas, los cuales ya no requerirán aprobación parlamentaria, sino únicamente notificación a las autoridades.
Venezuela ve luz en una deteriorada infraestructura
Este cambio supone una desregulación significativa del sector y responde, en buena medida, a la necesidad de atraer inversiones en un contexto de deterioro de la infraestructura petrolera y caída sostenida de la producción.
Tras la captura de Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela, y su esposa Cilia Flores, el gabinete actual se encuentra dispuesto a reorganizar las relaciones con Estados Unidos luego de un período de sanciones y aislamiento.
Asimismo, y de forma casi simultánea a la aprobación de la reforma, el Departamento del Tesoro emitió la licencia general 46. Este es un permiso amplio que autoriza transacciones con el gobierno venezolano y con PDVSA relacionadas con la producción, transporte, refinación y comercialización de petróleo.
A diferencia de licencias anteriores, limitadas a empresas específicas como Chevron, este nuevo instrumento permite operar a entidades estadounidenses en general. Siempre que cumplan con requisitos de reporte y excluyan vínculos con países como Rusia, Irán, Corea del Norte o Cuba.

Términos para comenzar a operar
La reforma también introduce cambios relevantes en el régimen económico del sector. Por primera vez, las empresas privadas podrán comercializar directamente el crudo y manejar los ingresos en cuentas bancarias en el exterior, una atribución que antes estaba reservada exclusivamente a PDVSA.
En cuanto a las regalías, se estableció un tope del 30 %, con la posibilidad de que el ejecutivo lo modifique según las condiciones de los proyectos. Asimismo, se contemplan amplias exenciones tributarias para incentivar nuevas inversiones.
Otro elemento clave es la inclusión de mecanismos de arbitraje y mediación para la resolución de disputas.
Hasta ahora, los conflictos debían resolverse únicamente en tribunales venezolanos, una condición que generaba desconfianza entre los inversionistas debido a la falta de independencia judicial. La nueva disposición busca ofrecer mayor seguridad jurídica y reducir el riesgo asociado a eventuales controversias contractuales.

El presidente Donald Trump se mostró complacido con este gran paso, al igual que el secretario de estado, Marco Rubio, quien destacó que la reforma desmonta gran parte de las restricciones impuestas durante la era de Hugo Chávez.
En menos de un mes Venezuela modificó un marco legal y político que parecía impensable hace años bajo el liderazgo de Chávez y de Nicolás Maduro. Ahora, con un nuevo tablero en juego, el país caribeño podría encaminarse hacia un panorama económico más favorable para sus ciudadanos.
Fuente: El País





