El anuncio de la DHS sobre el retiro inmediato de efectivos y la implementación de nuevas herramientas de supervisión marcan un punto de inflexión en la estrategia federal en Minnesota. Mientras la administración insiste en que la prioridad sigue siendo la seguridad y el cumplimiento de la ley, el repliegue parcial refleja el peso de la presión social y política, así como la necesidad de ajustar el enfoque operativo en una ciudad profundamente marcada por tensiones entre la comunidad y las fuerzas del orden.
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El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) anunció que retirará de manera inmediata a 700 agentes federales desplegados en Minnesota, como parte de un repliegue gradual de la llamada Operación Metro Surge en la ciudad de Minneapolis.
La decisión llega en medio de una fuerte presión comunitaria, cuestionamientos políticos y una revisión interna sobre el uso de la fuerza y los protocolos de supervisión durante los operativos migratorios.

DHS
Tom Homan, designado como zar de la frontera por el presidente Donald Trump, informó que la salida de estos efectivos reducirá el contingente activo en la ciudad a cerca de 2,000 agentes.
Aseguró que el objetivo de la administración es avanzar hacia una retirada total del personal federal en cuanto las condiciones lo permitan, aunque dejó claro que ese escenario dependerá de la cooperación de las autoridades locales y estatales, así como del cese de lo que calificó como actividades ilegales y amenazas contra agentes de inmigración y sus socios federales.
Desde comienzos de diciembre, alrededor de 3,000 agentes del Departamento de Seguridad Nacional habían sido desplegados en Minneapolis como parte de una operación destinada a reforzar acciones contra delitos federales y migratorios.
Sin embargo, la presencia masiva de fuerzas federales generó una creciente indignación entre residentes y líderes comunitarios, especialmente tras la muerte a tiros de dos ciudadanos estadounidenses durante operativos recientes.
Uno de los casos que detonó mayor controversia fue el homicidio de Alex Pretti, ocurrido en enero. Tras ese hecho, Homan se trasladó personalmente a Minneapolis para evaluar la situación sobre el terreno y reunirse con agentes y autoridades locales.
El episodio incrementó las críticas sobre el uso de la fuerza, la transparencia de los operativos y la convivencia entre las agencias federales y la comunidad.
Durante una conferencia de prensa, Homan sostuvo que la administración busca volver a la dotación original de agentes de inmigración en Minnesota, previa al operativo especial.
Explicó que la retirada de los 700 agentes constituye un primer paso en ese proceso, aunque reconoció que no existe una fecha definida para una salida completa.
Sus declaraciones contrastan con lo dicho días antes por el propio presidente Trump, quien había asegurado públicamente que no se contemplaba ninguna reducción de agentes en Minneapolis y St. Paul.
Además del repliegue de personal, el Departamento de Seguridad Nacional anunció cambios operativos relevantes. Homan confirmó que la administración implementará cámaras corporales para los agentes en todo el país, comenzando de forma prioritaria en Minneapolis.
La medida surge tras una revisión interna que detectó inconsistencias en el uso de estos dispositivos durante los operativos.
Según explicó el propio Homan, algunos agentes desplegados en la ciudad contaban con cámaras corporales mientras otros no, una situación que calificó como inaceptable.
Indicó que fueron los mismos agentes en el terreno quienes plantearon esta deficiencia durante sus recorridos y reuniones, lo que aceleró la decisión de avanzar con un despliegue completo de estos equipos.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ya había anunciado que todos los agentes que operan en Minneapolis recibirán cámaras corporales, una medida que busca mejorar la supervisión, reforzar la rendición de cuentas y reconstruir la confianza pública.
En el caso del tiroteo de Alex Pretti, las autoridades revisaron más de 30 grabaciones de cámaras corporales para reconstruir los hechos y evaluar la actuación de los agentes involucrados.
El anuncio de la DHS sobre el retiro inmediato de efectivos y la implementación de nuevas herramientas de supervisión marcan un punto de inflexión en la estrategia federal en Minnesota. Mientras la administración insiste en que la prioridad sigue siendo la seguridad y el cumplimiento de la ley, el repliegue parcial refleja el peso de la presión social y política, así como la necesidad de ajustar el enfoque operativo en una ciudad profundamente marcada por tensiones entre la comunidad y las fuerzas del orden.
Fuente: CNN





