El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ordenó reforzar las acciones contra abogados de inmigración dentro y fuera de Florida, acusados de presentar solicitudes de asilo falsas en favor de sus clientes.
La medida, revelada en un memorando citado por medios estadounidenses, forma parte de la estrategia impulsada por la administración del presidente Donald Trump para acelerar deportaciones, reducir la inmigración indocumentada y endurecer los controles migratorios.
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Esta nueva directriz ha generado preocupación dentro del sector legal y entre organizaciones defensoras de inmigrantes en estados como Florida, donde se concentra cientos de atrasos de casos de asilo en todo el país.
Una ofensiva contra el fraude migratorio
El memorando fue firmado por James Percival, asesor jurídico general del DHS, quien instruyó a los abogados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a desarrollar nuevas políticas antifraude.
El objetivo es perseguir de manera más agresiva a abogados que, según el gobierno, estarían utilizando el sistema de asilo de forma indebida mediante solicitudes sin fundamentos reales.
La directiva sostiene que algunos abogados presentan argumentos de persecución política, racial o social para “prácticamente cualquier inmigrante indocumentado”, incluso cuando no existen pruebas suficientes para respaldar esas afirmaciones.
Aunque el documento no crea nuevas sanciones penales específicas contra los abogados, sí ordena utilizar con más frecuencia las herramientas legales y administrativas ya existentes para actuar contra posibles fraudes migratorios.
El memorando menciona expresamente a abogados dentro y fuera de Florida, estado que actualmente enfrenta una enorme acumulación de casos pendientes en tribunales de inmigración.
Florida, epicentro del atraso migratorio
Florida se ha convertido en uno de los principales puntos de llegada para miles de migrantes procedentes de América Latina y el Caribe.
Según datos de la organización Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), de la Universidad de Syracuse, hasta marzo de este año existían más de 3 millones de casos pendientes en las cortes de inmigración de Estados Unidos.
De esa cifra, más de 2 millones corresponden a solicitudes de asilo aún sin resolver.
En cuanto a Florida, el estado del sol lidera el retraso nacional con más de 518 mil casos pendientes, superando incluso a estados como Texas, California y Nueva York.
La situación se agravó rápidamente durante los últimos años. En 2021, las cortes migratorias de Florida registraban cerca de 150 mil casos atrasados y apenas un año después, la cifra se duplicó.
Para el año 2024 ya Florida superaba los 550 mil expedientes pendientes y estos siguen creciendo.
Muchos solicitantes deben esperar años para recibir una audiencia o una decisión definitiva sobre su caso. En algunos escenarios, la espera puede extenderse hasta una década.
Entre las nacionalidades con mayor número de solicitudes pendientes en Florida figuran cubanos, haitianos, venezolanos, nicaragüenses y guatemaltecos.
Los cubanos encabezan la lista con más de 90 mil casos en espera. También existen miles de solicitudes presentadas por ciudadanos haitianos y venezolanos que buscan protección debido a crisis políticas, económicas o sociales en sus países.
Sin embargo, el fenómeno no se limita únicamente a migrantes Latinoamericanos. Datos de la corte de inmigración de Miami también reflejan solicitudes de ciudadanos rusos y personas provenientes de otras regiones del mundo.
La nueva ofensiva del DHS también representa un desafío importante para abogados migratorios. Muchos expertos legales consideran que la medida podría generar temor entre profesionales que representan a solicitantes de asilo legítimos.
Organizaciones de derechos civiles han advertido que existe el riesgo de que cientos de abogados eviten tomar ciertos casos por miedo a investigaciones o sanciones administrativas.
Otros especialistas sostienen que el gobierno busca enviar un mensaje político contundente en medio de la campaña para endurecer la inmigración ilegal y acelerar deportaciones masivas.
Fuente: EFE y Diario Las Américas
