La política migratoria de Colombia entra en una nueva etapa luego de que el presidente Abelardo De La Espriella anunciara operativos de seguridad para identificar a inmigrantes en situación irregular y avanzar con procesos de deportación. La decisión responde a las nuevas políticas del gobierno del llamado “El tigre”.
El anuncio fue realizado durante un consejo de seguridad en Barranquilla, donde el mandatario aseguró que ya giró las instrucciones a Migración Colombia para comenzar a trabajar en los procedimientos, con apoyo de la Policía Nacional.
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De acuerdo con lo informado por el presidente, los operativos tendrán dos prioridades. La primera será ubicar a extranjeros que estén relacionados con actividades delictivas. La segunda consistirá en identificar a las personas que permanezcan en Colombia sin haber regularizado su situación migratoria.
La estrategia representa un cambio importante en el tono del debate migratorio colombiano, el cual muchos analistas comparan con el modelo utilizado por el presidente Donald Trump.
Operativos con prioridad en seguridad
Durante su intervención, De La Espriella sostuvo que la protección de los ciudadanos colombianos será una de las prioridades de su administración. Bajo esa premisa, el gobierno buscará aumentar los controles sobre extranjeros que se encuentren en el país sin cumplir con los requisitos migratorios establecidos.
Sin embargo, el desarrollo de los operativos plantea una serie de desafíos. Identificar a una persona que se encuentra en situación irregular no es lo mismo que determinar que ha cometido un delito.
En Colombia, una persona puede encontrarse en situación migratoria irregular por distintas razones administrativas, como no contar con un permiso vigente o no haber completado un proceso de regularización. Esa condición, por sí sola, no significa que haya cometido un delito.
Por esta razón, cualquier operativo deberá establecer con claridad cuáles son las actuaciones administrativas que corresponden a una situación migratoria irregular y cuáles deben pasar por las autoridades judiciales cuando existan sospechas o pruebas de una conducta criminal.
Más allá del anuncio político, uno de los principales interrogantes es si Migración Colombia cuenta actualmente con los recursos necesarios para ejecutar operativos de gran alcance.
Fuentes consultadas por distintos medios han señalado que la autoridad migratoria enfrenta desafíos relacionados con infraestructura, personal y logística. Una campaña que implique identificar, trasladar y eventualmente deportar a un número elevado de personas requiere instalaciones adecuadas, funcionarios suficientes y procedimientos claramente establecidos.
También es necesario contar con espacios temporales para las personas que sean sometidas a procesos de expulsión mientras las autoridades determinan su situación.
Por ello, la puesta en marcha de los operativos no dependerá únicamente de las órdenes impartidas por el gobierno de Colombia. Será necesario fortalecer la capacidad de las instituciones encargadas de ejecutar cada etapa del proceso.
Migración Colombia trabajará con otras agencias
La estrategia también obligará a mejorar la coordinación entre diferentes organismos. Migración Colombia deberá trabajar junto con la Policía Nacional, las alcaldías y las secretarías de seguridad para obtener información sobre las personas identificadas durante los operativos.
Esa cooperación será fundamental para revisar antecedentes, confirmar identidades y determinar qué tipo de procedimiento corresponde en cada caso.
El objetivo será evitar que una operación de control migratorio termine tratando de la misma manera a todas las personas que no cuentan con una situación migratoria regularizada.
En el caso de los extranjeros vinculados con delitos, las autoridades deberán seguir los procedimientos establecidos por la legislación colombiana. Para quienes simplemente tengan pendiente regularizar su permanencia, la respuesta deberá corresponder a la normativa migratoria.
Todavía el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella no ha ofrecido detalles de cómo se aplicarán dichos procedimientos. Sin embargo, hay quienes creen que podrían convertirse en persecuciones estilo ICE.
Sin embargo, Colombia tiene una realidad migratoria diferente a la de Estados Unidos. El país comparte una extensa frontera con Venezuela y durante los últimos años ha recibido a millones de personas que han salido de ese país.
Por esa razón, la migración irregular en Colombia está relacionada con factores económicos, familiares, laborales y humanitarios que van más allá de la seguridad.
El desafío para el gobierno será encontrar un equilibrio entre el control de las fronteras, la lucha contra el crimen y el cumplimiento de las normas migratorias, sin convertir la situación administrativa de una persona en una acusación automática de criminalidad.
Fuente: Con información de El Tiempo
