Carolina del Sur aprueba polémica ley que favorece a monopolios
La aprobación de la Ley 3309 marca un retroceso en la protección de los consumidores y el medio ambiente, dejando en manos del gobernador la decisión final sobre su implementación
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La Asamblea Legislativa de Carolina del Sur aprobó la controvertida Ley 3309, que prioriza los intereses de grandes empresas eléctricas y tecnológicas como Duke Energy, Dominion, Google, Amazon, Microsoft y Meta.
La legislación, actualmente en el escritorio del gobernador Henry McMaster, ha sido duramente criticada por grupos ambientalistas y defensores de los derechos ciudadanos.
Detalles
La ley permite que las empresas eléctricas cobren a sus clientes actuales por la infraestructura de transmisión necesaria para alimentar centros de datos de alto consumo energético.
Además, debilita las protecciones sobre el dominio eminente, facilitando la construcción de nuevos gasoductos sobre propiedades privadas.
Uno de los aspectos más alarmantes es el respaldo a los reactores nucleares modulares pequeños (SMRs), a pesar de fracasos anteriores como el proyecto VC Summer, que costó $9 mil millones y nunca produjo electricidad.
Críticos afirman que esta medida representa una apuesta arriesgada y costosa para los contribuyentes.
El Senado incluyó inicialmente protecciones para los consumidores, pero la Cámara de Representantes las eliminó antes de devolver el proyecto.
Finalmente, el Senado aprobó la versión debilitada, lo que ha generado indignación entre líderes comunitarios y ambientales.
Paul Black, organizador de la campaña Beyond Coal de Sierra Club, advirtió que esta ley “transfiere riqueza de millones de trabajadores a monopolios eléctricos y tecnológicas multimillonarias”, debilitando programas de eficiencia energética que podrían reducir costos a los usuarios.
“Esto no es un juego. La asequibilidad de la energía impacta directamente en la estabilidad de las familias y el éxito de las comunidades”, enfatizó.
La aprobación de la Ley 3309 marca un retroceso en la protección de los consumidores y el medio ambiente, dejando en manos del gobernador la decisión final sobre su implementación.
Fuente: Nota especial
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