ICE busca tecnología avanzada para vigilar sus centros de detención
noviembre 3, 2026
By: Carlos Graterol

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) avanzó con una iniciativa para incorporar herramientas de “superinteligencia” en sus centros de detención.

La propuesta contempla una plataforma capaz de analizar llamadas, mensajes y grabaciones de cámaras de seguridad para centralizar información y facilitar la supervisión.

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Sin embargo, el cronograma establecido para recibir consultas y propuestas ya venció. El 16 de octubre fue la fecha límite para recibir preguntas, mientras que el 26 de octubre concluyó el período para recibir propuestas finales. No se ha informado si el organismo seleccionó una empresa ni cuándo comenzaría la implementación.

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Tecnología de ICE

La iniciativa RFI-FY27-SI Powered Communications and Video Intelligence fue publicada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el ICE. Está dirigida a Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO) y a la Oficina del Director de Información (OCIO).

La plataforma Integrated SI-Powered Detention Communications and Video Intelligence Suite conectaría llamadas, comunicaciones digitales, movimientos de detenidos e imágenes de vigilancia. La meta es optimizar las operaciones sin sustituir la decisión humana.

Análisis de llamadas y reconocimiento de voz

Procesaría llamadas, mensajes, comunicaciones mediante tabletas y visitas por videollamada. Podría identificar idiomas y dialectos, transcribir conversaciones y traducirlas al inglés de forma automática.

También permitiría buscar palabras clave y expresiones relacionadas con posibles incidentes, incluso términos cuyo significado cambie con el tiempo. A partir de los registros, generaría resúmenes para los investigadores.

Un componente central sería la identificación biométrica por voz. El software crearía perfiles a partir de llamadas autorizadas, sin exigir una sesión previa de registro. Así, intentaría identificar quién habla aunque se utilicen códigos PIN, cuentas o dispositivos asociados con otra persona.

También buscaría detectar credenciales compartidas, terceros durante una conversación, llamadas con tres participantes y posibles suplantaciones. Los analistas podrían comparar muestras de audio con grabaciones de distintas instalaciones.

Vigilancia por video y alertas de incidentes

Integraría el análisis con las cámaras IP y los sistemas de video ya instalados. La intención es añadir funciones sin reemplazar toda la infraestructura.

Entre las alertas previstas figuran peleas, agresiones, concentraciones de personas, caídas, períodos prolongados de inmovilidad e ingresos a sectores restringidos. También contaría a las personas en determinadas áreas y compararía el resultado con los registros oficiales.

La conexión entre audio y video permitiría relacionar incidentes, ubicaciones y personas desde una misma interfaz. Una alerta surgida de una llamada podría vincularse con imágenes del lugar y período correspondientes.

Además, generaría cronologías, mapas de relaciones y expedientes digitales con marcas de tiempo e historial de modificaciones, desde los cuales podría consultarse la fuente de cada coincidencia.

Privacidad y supervisión humana

Los requisitos establecen restricciones para excluir del análisis las comunicaciones protegidas por la ley, como las mantenidas entre una persona detenida y su abogado. Para los videos, se podrían configurar máscaras y zonas excluidas del procesamiento.

El acceso dependería de las funciones de cada usuario e incluiría autenticación multifactor y cifrado. Se prohibiría buscar o clasificar personas por características protegidas. Las consultas, alertas y modificaciones quedarían registradas para auditorías.

Los resultados no serían fundamento único para sanciones, deportaciones o decisiones de liberación. El personal capacitado revisaría las alertas y coincidencias biométricas. Una similitud de voces no sería una identificación definitiva: se mostrarían el nivel de confianza y la calidad del audio.

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Matthew Ansley / Unsplash

El Gobierno conservaría la propiedad de los registros y de la información procesada. Los proveedores tampoco podrían usar esos datos para entrenar modelos comerciales de IA para otros clientes. Aunque los plazos oficiales ya concluyeron, todavía no se ha informado cuál será el siguiente paso del proyecto.

La fecha de ejecución todavía permanece sin determinar.

Fuente: La Nación

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