El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una decisión que permite que continúe la demanda presentada por Carliz De La Cruz Hernández, expareja del cantante Bad Bunny, relacionada con el uso de su voz en algunas canciones y presentaciones del artista.
Aunque la resolución no significa que la joven haya ganado el caso de manera definitiva, sí representa un avance importante para su reclamación al reconocer que existen fundamentos suficientes para que sea evaluada en los tribunales.
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La controversia gira alrededor de la conocida frase “Bad Bunny, baby”, una grabación realizada por De La Cruz Hernández que aparece al inicio de canciones como Pa ti y Dos mil 16, del intérprete puertorriqueño.
La decisión del máximo tribunal de Puerto Rico establece que la expareja del artista puede reclamar posibles derechos de autor y derechos relacionados con su imagen por el uso comercial de su voz, un tema que ha generado atención debido al alcance internacional de la música de Bad Bunny.
Origen de la grabación de Bad Bunny
Carliz De La Cruz Hernández y Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real de Bad Bunny, se conocieron en 2011 cuando ambos trabajaban en un supermercado Econo en Vega Baja, Puerto Rico. Con el paso del tiempo iniciaron una relación sentimental que se mantuvo de manera intermitente hasta 2016.
Durante esa etapa, en 2015, De La Cruz grabó la frase “Bad Bunny, baby” y se la envió al cantante después de que él se lo solicitara. La grabación posteriormente fue incorporada en producciones musicales del artista y se convirtió en una de las identificaciones sonoras más reconocidas asociadas con su nombre artístico.
Sin embargo, años después, la situación cambió. Según la demanda presentada por De La Cruz Hernández, ella nunca autorizó que su voz continuara siendo utilizada con fines comerciales después de ciertas conversaciones con representantes del cantante.
La joven sostiene que el uso de la grabación sin su consentimiento afectó sus derechos de imagen y propiedad intelectual.
En la demanda, presentada el 1 de marzo de 2023, la exnovia de Bad Bunny reclama una compensación de aproximadamente 40 millones de dólares por la utilización de su voz.
La acción legal señala que la frase grabada no debe considerarse simplemente un elemento secundario dentro de una canción, sino una creación con características propias que podría estar protegida bajo la legislación de derechos morales de autor en Puerto Rico.
Antes del lanzamiento de Dos mil 16, representantes de Bad Bunny habrían intentado llegar a un acuerdo económico con De La Cruz Hernández para utilizar la grabación.
Según los documentos del caso, la expareja del artista rechazó una oferta inicial de 2,000 dólares y no autorizó que su voz continuara apareciendo en contenidos comerciales.
A pesar de esa negativa, la frase siguió siendo utilizada en canciones, conciertos y materiales promocionales relacionados con Bad Bunny.
Tribunal Supremo da luz verde al caso
En su decisión, el Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó que la reclamación relacionada con la canción Pa ti, publicada en 2016, ya no puede continuar porque habría prescrito debido al tiempo transcurrido desde su lanzamiento. No obstante, el tribunal consideró que la demanda relacionada con Dos mil 16, estrenada en 2022, y con las presentaciones posteriores sí puede avanzar.
Los jueces señalaron que la exnovia de Bad Bunny presentó suficientes argumentos para intentar demostrar que su interpretación vocal puede ser considerada una creación original y protegida por la Ley de Derechos Morales de Autor.
Además, el tribunal indicó que existen elementos que permiten analizar si realmente hubo consentimiento para el uso de la voz. La corte destacó que el caso debe continuar en una etapa donde puedan presentarse pruebas y argumentos de ambas partes.
Aunque la resolución fue favorable para la expareja del cantante en esta fase del proceso, el Tribunal Supremo no determinó que Bad Bunny haya cometido una violación legal.
La decisión únicamente establece que la demanda tiene fundamentos suficientes para ser revisada nuevamente por el Tribunal de Primera Instancia de San Juan.
Esto significa que todavía falta un proceso judicial en el que ambas partes podrán presentar evidencia, testimonios y argumentos antes de que exista una decisión final.
Fuente: con información de EFE
