Académicos y defensores de derechos migratorios calificaron la iniciativa como una “maniobra política” más que una revisión necesaria
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La administración de Donald Trump ordenó a los estados de EE. UU. revisar la elegibilidad migratoria de miles de personas inscritas en Medicaid, en una medida sin precedentes que involucra al sistema de salud estatal-federal en su política de control migratorio.
Según informó KFF Health News, al menos cinco estados: Colorado, Ohio, Pensilvania, Texas y Utah, confirmaron haber recibido más de 170,000 nombres para verificar su estatus migratorio.
Detalles
El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), dirigido por Robert F. Kennedy Jr., anunció en agosto que busca “reforzar la supervisión de las inscripciones” para garantizar que los fondos públicos solo beneficien a personas elegibles bajo la ley.
Sin embargo, expertos y organizaciones proinmigrantes alertan que esta política podría provocar la pérdida injustificada de cobertura médica entre residentes legales y ciudadanos que no logren responder a tiempo a las solicitudes de documentación.
Medicaid cubre a personas de bajos ingresos y con discapacidad, mientras que su programa asociado, CHIP, brinda atención médica infantil.
Por ley, solo ciudadanos estadounidenses y ciertos inmigrantes con estatus legal pueden recibir estos beneficios.
Académicos y defensores de derechos migratorios calificaron la iniciativa como una “maniobra política” más que una revisión necesaria.
Leonardo Cuello, investigador de la Universidad de Georgetown, señaló que muchos nombres incluidos podrían pertenecer a beneficiarios de Medicaid de Emergencia, un programa que cubre partos y urgencias sin importar el estatus migratorio.
El proceso también impone una carga adicional a las agencias estatales, ya ocupadas en implementar la nueva ley fiscal promulgada por Trump en julio.
“Esto duplica esfuerzos, desperdicia recursos y pone en riesgo la salud de miles de personas”, advirtió Ben D’Avanzo, del Centro Nacional de Derecho Migratorio.
Para los críticos, la medida tiene más valor político que sanitario.
Fuente: CNN
