La Administración del presidente Donald Trump dio un nuevo paso en su estrategia de seguridad para el continente americano con la creación de una fuerza militar permanente destinada a coordinar operaciones contra los cárteles de la droga y otras organizaciones delictivas transnacionales.
La iniciativa busca fortalecer la cooperación con gobiernos aliados de Hispanoamérica mediante un modelo de acción conjunta que abarcará desde México hasta Chile.
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La nueva estructura, denominada Fuerza Conjunta del Hemisferio Occidental, representa una reorganización del Mando Sur de Estados Unidos y tiene como objetivo integrar bajo un mismo mando operativo capacidades militares, inteligencia, vigilancia, apoyo logístico y planificación estratégica.
Con este esquema, Washington pretende responder con mayor rapidez a las amenazas que identifica como prioritarias para su seguridad nacional.
Fuerza militar
De acuerdo con la estrategia presentada por la Administración estadounidense, la nueva fuerza no se limitará al intercambio de información o al entrenamiento de personal, sino que facilitará operaciones coordinadas con los países que autoricen la participación conjunta de sus fuerzas de seguridad.
El enfoque estará dirigido principalmente contra organizaciones dedicadas al narcotráfico, el tráfico de personas y otras redes criminales transnacionales.
El Pentágono proyecta que este mando permanente tenga su sede en Miami, desde donde podrá coordinar recursos militares y de inteligencia sin depender de estructuras temporales creadas únicamente para atender crisis específicas.
La intención es mantener una capacidad de respuesta continua frente a organizaciones criminales que operan simultáneamente en distintos países del continente.
La decisión se produce en un contexto político que, según la Administración Trump, favorece una cooperación más estrecha con varios gobiernos de Centroamérica y Sudamérica que han endurecido sus políticas de seguridad y mantienen una relación más cercana con Washington.
Entre los mandatarios y dirigentes mencionados dentro de este escenario figuran José Antonio Kast, en Chile; Javier Milei, en Argentina; Abelardo de la Espriella, en Colombia, y Keiko Fujimori, en Perú.
Dentro de la nueva estrategia, Guatemala y Honduras aparecen como los principales beneficiarios durante la primera etapa de implementación.
Ambos países han fortalecido recientemente su cooperación con Estados Unidos en asuntos relacionados con migración, inteligencia y combate al narcotráfico, por lo que podrían convertirse en plataformas prioritarias para el desarrollo de operaciones coordinadas bajo este nuevo modelo.
La Administración estadounidense sostiene que las organizaciones criminales han ampliado su alcance y representan una amenaza que trasciende el tráfico de drogas.
Washington considera que estos grupos también participan en actividades relacionadas con el tráfico de fentanilo, armas, personas y recursos financieros ilícitos, por lo que la respuesta debe tener un alcance regional y permanente.
Esta visión da continuidad a iniciativas impulsadas durante el segundo mandato de Trump, entre ellas la operación denominada Lanza del Sur (Southern Spear), enfocada en interceptar embarcaciones presuntamente vinculadas al transporte de cocaína en el Caribe y el océano Pacífico.
Asimismo, la estrategia se apoya en el programa Escudo de las Américas, presentado en marzo durante un encuentro celebrado en Miami.
Uno de los principales desafíos para esta nueva estructura continúa siendo México. Aunque el país ocupa un lugar central dentro de la estrategia estadounidense por su papel en las rutas del narcotráfico, la cooperación enfrenta dificultades debido a las diferencias políticas entre Washington y el Gobierno encabezado por el partido Morena.
La Administración Trump ha incrementado la presión para ampliar la colaboración bilateral, aunque cualquier operación dentro del territorio mexicano dependería de la autorización del Gobierno de ese país.
Incluso, el mandatario estadounidense ha planteado públicamente la posibilidad de actuar de forma más contundente contra las organizaciones criminales que operan en territorio mexicano.
En contraste, la cooperación con varios países centroamericanos se presenta como una alternativa con mayores posibilidades de desarrollo. Washington considera que Guatemala y Honduras comparten el diagnóstico de que el crimen organizado constituye una de las principales amenazas para la estabilidad institucional y el crecimiento económico de la región.
La nueva estructura también permitirá coordinar con mayor rapidez los recursos del Departamento de Defensa, el Mando Sur, las agencias de inteligencia y otros organismos federales con las fuerzas de seguridad de los países aliados.
Para la Administración Trump, el contexto político actual representa una oportunidad para consolidar una red regional de cooperación en materia de seguridad.
Mientras tanto, algunos gobiernos mantienen diferencias con Washington, entre ellos Brasil, cuyo presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, continúa marcando distancia respecto a la estrategia impulsada por la Casa Blanca.
Con la creación de la Fuerza Conjunta del Hemisferio Occidental, Estados Unidos busca institucionalizar un modelo permanente de cooperación militar y de seguridad en América Latina, con el propósito de reforzar las acciones contra las organizaciones criminales transnacionales mediante una coordinación más estrecha con los gobiernos que decidan sumarse a esta iniciativa.
Fuente: ABC
