El Gobierno del presidente Donald Trump informó ante tribunales federales que no seguirá adelante con el fondo de 1,800 millones de dólares, creado para compensar a presuntas víctimas de la llamada “instrumentalización” de la Justicia, una decisión que llega después de semanas de cuestionamientos políticos, acciones judiciales y divisiones dentro del propio Partido Republicano.

Leer más: Por miedo al ICE, inmigrantes pierden audiencias para solicitud de asilo

La posición fue comunicada por el Departamento de Justicia en documentos presentados este viernes ante dos jueces federales que analizan demandas contra el programa. Según los escritos judiciales, las impugnaciones ya no tendrían vigencia debido a que la administración decidió abandonar el proyecto.

Polémico fondo

Se trata de la primera ocasión en la que el Gobierno de Trump afirma formalmente por escrito que el fondo no seguirá adelante. La medida se produce después de que el secretario de Justicia interino, Todd Blanche, manifestara públicamente esta semana que el programa sería cancelado.

Antes de este anuncio, una jueza federal en Virginia había bloqueado temporalmente cualquier avance relacionado con el fondo e impidió la liberación de recursos mientras se revisaba una demanda que buscaba eliminarlo definitivamente.

Sin embargo, aquella decisión no se pronunció sobre la legalidad del programa, sino que tuvo como objetivo preservar la situación mientras continuaba el proceso judicial.

En sus nuevas presentaciones, el Departamento de Justicia insistió en que el fondo ya no existe como proyecto activo. Ante la jueza federal Leonie Brinkema, en Alexandria, Virginia, los abogados del Gobierno sostuvieron que no existe razón para que los tribunales intervengan en un mecanismo que ha sido abandonado.

Además, señalaron que el debate generado alrededor del fondo formó parte del proceso político habitual de una república constitucional y destacaron que el programa fue objeto de una intensa discusión pública desde su creación.

Las demandas contra el fondo fueron presentadas por individuos, organizaciones, ciudades y grupos de vigilancia gubernamental.

Sin embargo, el Departamento de Justicia argumentó que los demandantes carecen de la legitimación necesaria para continuar con los casos porque, según su interpretación, no pueden demostrar que el fondo les haya causado un perjuicio concreto.

Los abogados del Gobierno afirmaron que cerrar un fondo inexistente no resolvería los daños alegados por quienes presentaron las acciones legales. De acuerdo con su postura, los demandantes permanecerían exactamente en la misma situación, ya que el programa no seguirá adelante.

La controversia también llegó al Congreso. Durante esta semana, varios republicanos expresaron preocupación por la falta de mecanismos de supervisión y control del fondo. Algunos legisladores temían que pudiera convertirse en una reserva de recursos destinada a beneficiar a aliados políticos de Trump.

Entre las inquietudes más comentadas figuró la posibilidad de que participantes en los disturbios ocurridos el 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos pudieran recibir compensaciones económicas, incluyendo personas acusadas de agredir a agentes policiales.

El Gobierno no descartó inicialmente esa posibilidad, lo que incrementó las críticas.

Las tensiones fueron tan significativas que algunos legisladores republicanos retrasaron el análisis de un proyecto de ley relacionado con la financiación de políticas migratorias hasta obtener garantías de que el fondo sería abandonado.

En ese contexto, Todd Blanche aseguró a miembros de la Cámara de Representantes que el Departamento de Justicia no avanzaría con el programa. Cuando la representante demócrata Grace Meng le preguntó si la decisión era definitiva, respondió afirmativamente.

Finalmente, los republicanos aprobaron el proyecto migratorio sin incluir una disposición específica para eliminar formalmente el fondo. La iniciativa avanzó tras largas negociaciones entre líderes del partido y legisladores que mantenían reservas sobre el programa.

Pese a las declaraciones de Blanche y a la postura oficial expresada ahora ante los tribunales, Trump envió mensajes menos contundentes sobre el futuro del fondo.

Un día después de que su secretario de Justicia interino anunciara la cancelación, el mandatario aseguró que desconocía si el programa había sido eliminado de forma definitiva o simplemente suspendido.

El origen de la iniciativa se encuentra en un acuerdo alcanzado entre el Servicio de Impuestos Internos, Trump, dos de sus hijos y la Trump Organization. Dicho acuerdo surgió después de que el presidente retirara una demanda por 10.000 millones de dólares relacionada con una filtración no autorizada de sus declaraciones de impuestos. Según el Departamento de Justicia, Trump no recibiría pagos provenientes del fondo, aunque sí tendría derecho a una disculpa formal.

Fuente: CNN