Miles de beneficiarios del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) enfrentan actualmente una situación de incertidumbre en Estados Unidos debido al aumento de los retrasos en las renovaciones de permisos de trabajo y protecciones migratorias.

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El problema ha comenzado a afectar a trabajadores, estudiantes y profesionales de distintos sectores que dependen de la renovación de DACA para mantener su empleo y permanencia legal en el país.

Aunque el programa, creado durante la administración de Barack Obama, continúa vigente para quienes ya estaban inscritos, las demoras en los trámites han generado preocupación entre organizaciones migratorias y empleadores.

DACA

Datos de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) indican que el tiempo promedio de procesamiento para las renovaciones aumentó considerablemente entre octubre de 2025 y febrero de 2026.

Mientras anteriormente el proceso podía completarse en alrededor de 15 días, ahora las solicitudes tardan aproximadamente 70 días, aunque abogados y defensores aseguran que muchos casos ya superan los cuatro meses de espera.

La situación ha provocado que numerosos beneficiarios pierdan temporalmente sus permisos de trabajo al vencerse los documentos antes de recibir la aprobación de renovación. Esto impacta directamente sectores esenciales como salud, educación, comercio minorista, tecnología y servicios.

Las organizaciones que trabajan con inmigrantes señalan que el incremento en los tiempos de espera coincide con nuevas medidas de verificación implementadas por el Gobierno federal. Entre ellas destacan revisiones más estrictas de antecedentes y nuevos procedimientos biométricos vinculados a sistemas ampliados del FBI.

A finales de abril, USCIS anunció un proceso de evaluación reforzado que incluye nuevas verificaciones de seguridad. Según abogados especializados en inmigración, estas medidas han ralentizado significativamente el procesamiento de solicitudes relacionadas con DACA.

El programa DACA protege temporalmente de la deportación a ciertos inmigrantes que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños. Además de la protección migratoria, los beneficiarios reciben permisos de trabajo renovables cada dos años.

Actualmente existen más de 500,000 beneficiarios activos de DACA en todo el país. California concentra la mayor cantidad, con cerca de 150,000 inscritos, según cifras oficiales de USCIS.

El impacto económico de los retrasos también comienza a reflejarse en distintos sectores laborales. Datos del Instituto de Impuestos y Política Económica señalan que más del 90 % de los beneficiarios mayores de 25 años tienen empleo y generan aproximadamente $27,900 millones anuales en ingresos.

Además, contribuyen con miles de millones de dólares en impuestos estatales, federales y aportes a programas como Seguridad Social y Medicare.

Uno de los sectores más afectados es el sanitario. Diversas organizaciones estiman que Estados Unidos podría perder alrededor de 37,000 trabajadores de la salud si los beneficiarios de DACA pierden sus permisos laborales. El país ya enfrenta escasez de personal médico y hospitalario en múltiples estados.

Hospitales, clínicas y centros de salud han advertido que la salida temporal de enfermeros, médicos y otros profesionales migrantes complica aún más la cobertura de personal en áreas críticas.

El problema también afecta a empresas privadas y comercios que dependen de empleados inscritos en el programa. Algunas compañías han otorgado licencias sin goce de sueldo mientras esperan la aprobación de las renovaciones, aunque otras ya comenzaron a despedir trabajadores cuyos permisos expiraron.

Defensores migratorios sostienen que las consecuencias van más allá del empleo. Muchos beneficiarios tienen préstamos estudiantiles, hipotecas, alquileres y responsabilidades familiares que dependen directamente de la continuidad laboral.

Además, especialistas advierten que los retrasos podrían generar efectos económicos de largo plazo. La Coalición por el Sueño Americano calcula que la pérdida de trabajadores vinculados a DACA podría representar decenas de miles de millones de dólares en ingresos futuros para sectores como salud, manufactura, construcción, comercio y tecnología.

Algunos casos también se han visto afectados por nuevas restricciones migratorias relacionadas con determinados países. Según la información proporcionada, ciertas renovaciones quedaron sujetas a revisiones adicionales vinculadas a medidas presidenciales recientes.

USCIS aseguró en un comunicado que las nuevas políticas buscan fortalecer la seguridad y mejorar los mecanismos de verificación. La agencia indicó que los procesos incluyen revisiones de antecedentes, datos biométricos, análisis de redes sociales y nuevas evaluaciones basadas en riesgos.

Mientras tanto, legisladores demócratas han solicitado respuestas formales al Departamento de Seguridad Nacional y a USCIS para aclarar las razones detrás del aumento de los retrasos y el impacto que están teniendo sobre miles de familias y empleadores en todo Estados Unidos.

La situación mantiene en incertidumbre a cientos de miles de beneficiarios de DACA que dependen de estas renovaciones para continuar trabajando, estudiando y desarrollando su vida en el país.

Fuente: CNN