Un grupo de expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas (ONU) denunció que Estados Unidos desarrolló un sistema de acuerdos con otros países para expulsar a inmigrantes cuyos países de origen no aceptan su retorno.
Según los especialistas, alrededor de 23,000 personas habrían sido trasladadas a terceros países mediante este mecanismo, una práctica que consideran preocupante a nivel de derecho.
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La denuncia fue realizada por 23 relatores y expertos independientes de la ONU, encabezados por el relator especial sobre los derechos humanos de los migrantes, Gehad Madi. En un comunicado conjunto, los especialistas señalaron que estos acuerdos vulneran el principio internacional de no devolución, una norma que prohíbe enviar a una persona a un lugar donde pueda enfrentar riesgos para su vida, libertad o seguridad.
Los expertos explicaron que Estados Unidos impulsó una red de cooperación migratoria que involucra al menos a 35 países. A través de estos acuerdos, algunos gobiernos aceptan recibir vuelos con migrantes expulsados desde territorio estadounidense, incluso cuando esas personas no son nacionales del país receptor.
“Estos inmigrantes están siendo trasladados a países o territorios con los que no tienen ningún vínculo, lo que puede constituir una experiencia traumática. Otros son enviados a lugares donde corren el riesgo de sufrir más violencia o discriminación por motivos de género, orientación sexual, identidad de género o actividad en defensa de los derechos humanos”, advirtieron los expertos.
ONU expone falta de transparencia ante expulsión de miles de inmigrantes
Los expertos de la ONU detallaron en el documento que existe una falta de información pública sobre el funcionamiento de estos acuerdos.
Según indicaron, muchos de estos mecanismos operan con escasa supervisión democrática y sin monitoreo independiente suficiente para verificar el respeto de los derechos humanos de los inmigrantes.
Además, subrayaron que existe poca claridad sobre las condiciones en las que son recibidos los migrantes y sobre las garantías que se les ofrecen una vez llegan a esos países.
En el comunicado también se menciona que algunos acuerdos contemplan únicamente una estancia temporal antes de una nueva expulsión hacia otro destino. Los expertos advirtieron que esta situación podría generar cadenas de deportaciones que compliquen aún más la situación de los inmigrantes que ya se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.
La lista de países señalados por los expertos incluye varias naciones de América Latina, entre ellas Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Paraguay.
Los relatores pidieron a estos gobiernos suspender los acuerdos relacionados con la recepción de inmigrantes expulsados desde Estados Unidos y garantizar el acceso a procedimientos de asilo que sean justos y efectivos.
Según los especialistas, algunos inmigrantes enfrentan presiones para aceptar retornos a sus países de origen pese a que consideran que existen riesgos para su seguridad.
“Quienes enfrentan los mayores riesgos son los niños y niñas, las mujeres, las personas con discapacidad y las víctimas de trata”, alertaron.
Sin embargo, en su declaración los expertos centraron sus críticas en los acuerdos de recepción y no hicieron referencia a la responsabilidad que podrían tener los gobiernos de los países de origen que se niegan a aceptar el regreso de sus ciudadanos.
Políticas migratorias de Trump empeoran
La denuncia de la ONU se produce justo cuando las políticas migratorias impulsadas por el presidente, Donald Trump, parecen empeorar conforme pasan los días.
La administración republicana busca acelerar las deportaciones y ampliar las herramientas disponibles para retirar del país a personas que no cuentan con autorización para permanecer en Estados Unidos.
Como parte de esa estrategia, el gobierno ha promovido acuerdos con terceros países para gestionar los casos de migrantes cuyos países de origen rechazan o retrasan su repatriación.
La semana pasada, además, la administración solicitó a la Corte Suprema que le permita continuar utilizando este mecanismo después de que un tribunal federal cuestionara las deportaciones rápidas hacia países distintos al de origen de los migrantes.
Durante una sesión realizada en el marco de la Asamblea General de la ONU, la representante adjunta de Estados Unidos ante el organismo, Jennifer Locetta, defendió la necesidad de reformar el sistema internacional de asilo.
La funcionaria mencionó que el objetivo debe ser reducir las causas del desplazamiento forzado y no limitarse únicamente a administrar sus consecuencias año tras año.
Asimismo, sostuvo que los países de origen deben asumir una mayor responsabilidad frente a los movimientos migratorios y colaborar en la solución de las crisis que provocan la salida de millones de personas.
Locetta también destacó que la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) debería desempeñar un papel más activo en la promoción de retornos cuando las condiciones lo permitan.
Fuente: Con información de EFE y TRAC Reports
