Mientras continúa la segunda fase de revisión, el condado exhorta a la población a cumplir con la ley y a denunciar cualquier uso indebido de permisos de estacionamiento y fraude. La investigación sigue en desarrollo y podría derivar en más cancelaciones y acciones legales en las próximas semanas.
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Las autoridades del condado de Miami-Dade iniciaron una auditoría de gran alcance tras detectar posibles irregularidades en cientos de permisos de estacionamiento para personas con discapacidad.
La investigación, anunciada por la Oficina del Recaudador de Impuestos, pone bajo revisión miles de solicitudes emitidas recientemente y abre la puerta a cancelaciones, sanciones económicas y consecuencias penales para quienes hayan obtenido estos beneficios de manera indebida.
Fraude
De acuerdo con la información oficial, la auditoría comenzó en diciembre de 2025 y se enfoca en los permisos permanentes y temporales emitidos durante los últimos 12 meses.
En una primera fase, los funcionarios analizaron un total de 2,340 aplicaciones. El resultado de esa revisión preliminar encendió las alertas: 682 solicitudes fueron catalogadas como casos que requieren una investigación inmediata (fraude) y exhaustiva, con la posibilidad de que los permisos sean revocados.
El recaudador de impuestos del condado, Dariel Fernández, explicó que cada solicitud pasa por dos evaluaciones completas e independientes. La segunda revisión ya se encuentra en curso y busca confirmar si existen elementos suficientes para considerar fraude.
Según detalló, cualquier caso sospechoso será remitido tanto al Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida como a la Oficina del Sheriff de Miami-Dade para que continúen con las acciones correspondientes.
Como parte del proceso, la oficina comenzó a enviar cartas formales a las personas cuyos permisos habrían sido emitidos de manera indebida u obtenidos mediante fraude.
En estas notificaciones se indica de manera clara que los permisos han sido cancelados y que deben ser entregados de inmediato a las autoridades. Esta medida busca frenar el uso continuo de identificaciones inválidas mientras avanzan las investigaciones sobre el fraude.
La ley de Florida establece consecuencias severas para quienes presenten información falsa con el fin de obtener un permiso de estacionamiento para discapacitados.
Este tipo de conducta se considera un delito menor de primer grado. Las sanciones pueden incluir multas de hasta 1,000 dólares y penas de cárcel de hasta un año.
Además, los infractores pueden quedar inhabilitados para solicitar un nuevo permiso por un período de cuatro años. Incluso el uso indebido del permiso de otra persona conlleva multas que pueden alcanzar los 500 dólares.
Fernández subrayó la dimensión social del problema al recordar que estos permisos cumplen una función esencial para miles de residentes.
Según expresó en el comunicado oficial, cada permiso fraudulento representa un espacio que se le quita a un adulto mayor, a un veterano o a una persona con limitaciones reales de movilidad.
Por ello, la Oficina de Cumplimiento del condado participa activamente en este esfuerzo, con operativos de campo, verificación en tiempo real y respuesta directa a denuncias ciudadanas sobre posibles abusos.
En Miami-Dade, el proceso para obtener un permiso de estacionamiento para personas con discapacidad exige la presentación de una certificación médica, una identificación válida del estado de Florida y prueba de seguro.
Los permisos permanentes no tienen costo y son válidos por cuatro años.
En cambio, los permisos temporales tienen un valor de 15 dólares y una vigencia máxima de seis meses, según el caso médico certificado.
La auditoría masiva busca reforzar la transparencia del sistema y garantizar que estos beneficios lleguen únicamente a quienes realmente los necesitan.
Las autoridades insisten en que el objetivo no es solo sancionar, sino también proteger un recurso limitado que impacta directamente la calidad de vida de personas con discapacidades.
Mientras continúa la segunda fase de revisión, el condado exhorta a la población a cumplir con la ley y a denunciar cualquier uso indebido de permisos de estacionamiento y fraudes. La investigación sigue en desarrollo y podría derivar en más cancelaciones y acciones legales en las próximas semanas.
Fuente: Telemundo 51
