Más de 1,5 millones de inmigrantes con estatus legal temporal se han visto afectados por las políticas migratorias del presidente Donald Trump.
Desde su llegada a la Casa Blanca, miles de extranjeros han perdido y perderán su estatus legal temporal, incluyendo autorizaciones de trabajo y protecciones contra la deportación.
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Expertos en políticas migratorias dijeron a States Newsroom que nunca en la historia de Estados Unidos se habían revocado tantos permisos legales de forma simultánea y sin una revisión individual de casos. Lo que deja a comunidades enteras sujetas a procesos de deportación.
Las políticas afectan principalmente a aquellos bajo Estatus de Protección Temporal (TPS), designado para nacionales de países afectados por guerra, desastres naturales o condiciones inestables.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la suspensión de este permiso para 11 países, incluyendo Venezuela y Nicaragua. Por lo que aquellos inmigrantes que no tengan un proceso de regularización avanzado en la corte perderán sus permisos de trabajo y protecciones para el 2026.
Mientras que los beneficiarios del Parole Humanitario, que permitía la entrada temporal y estancia legal por razones humanitarias, también fue suspendido para cientos de personas procedentes de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua.
Daños inminentes
“No creo que nunca, como país, hayamos visto a una cantidad tan grande de personas perder su estatus migratorio de una sola vez”, dijo Julia Gelatt, directora del programa de política de inmigración del Migration Policy Institute.
La decisión de despojar a tantos inmigrantes de su autorización no solo afecta a las comunidades, sino que también golpea a la economía, según los expertos.
“Ver a más de un millón de personas perder su autorización de trabajo en un solo año es un evento realmente enorme que tiene efectos dominó para los empleadores, las comunidades, las familias y también para nuestra economía”, apuntó Gelatt.
Grupos de derechos de los inmigrantes y algunos beneficiarios del TPS han presentado decenas de demandas impugnando las acciones del gobierno por considerarlas ilegales.
“Esta es la continuación del ataque de la administración Trump contra la comunidad inmigrante, y específicamente sobre el programa TPS. Una opción que para muchos ha sido beneficioso y ha salvado vidas”, añadió José Palma, beneficiario de TPS de El Salvador.
Se estima que sectores como construcción, salud y servicios, donde contribuyen muchos trabajadores con TPS, sentirán un impacto económico significativo debido a la abrupta salida de miles de empleados.
Mientras que estados con grandes poblaciones de migrantes temporales, como Florida y Texas, enfrentan interrupciones en la fuerza laboral y una contracción económica potencial en áreas clave.
Sin obviar que no todos los beneficiarios del TPS están en el mercado laboral. Algunos son niños o personas mayores dependientes que no pueden trabajar, por lo tanto, al quedar suspendido el permiso quedan a la deriva.
Gobierno de Trump firme
La secretaria del DHS, Kristi Noem, prometió reevaluar las designaciones de países del TPS. Sin embargo, dejó en claro que este y otros programas migratorios se vieron afectados por el abuso de la anterior administración.
“Este programa ha sido abusado y manipulado por la administración Biden, y eso ya no se permitirá”, dijo Noem.
El presidente Donald Trump ha dejado en claro en reiteradas oportunidades que Biden y su gabinete, permitieron infinidad de irregularidades y dieron acceso a miles de personas sin evaluar las consecuencias.
Aunque las cancelaciones fueron anunciadas gradualmente a lo largo de 2025, muchos inmigrantes y defensores de los derechos esperan que los tribunales frenen o modifiquen algunas de las acciones legales.
No obstante, el gobierno de Trump se mantiene firme y el desenlace de las demandas es incierto, por lo que muchos tienen el tiempo contado y sin posibilidad de ver una luz positiva al final del camino.
Fuente: States Newsroom
