Con esta iniciativa, los grupos Latinos buscan colocar el debate migratorio en el centro de la agenda legislativa y presionar al Congreso para que actúe como contrapeso institucional. Afirman que la seguridad nacional no puede construirse a costa de la Constitución ni del miedo de comunidades enteras, y llaman a una política migratoria que priorice la legalidad, la transparencia y el respeto a los derechos humanos
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Más de 70 organizaciones Latinas en Estados Unidos pidieron al Congreso frenar lo que consideran el uso ilegal de fuerzas militares en operativos migratorios, al advertir que esta práctica debilita la Constitución, aumenta la violencia institucional y pone en riesgo la seguridad pública.
La exigencia surge en medio de una creciente tensión social por la expansión de redadas federales en varias ciudades del país.
Grupos Latinos
Un total de 74 organizaciones y grupos Latinos firmaron una carta dirigida a legisladores federales en la que denuncian un aumento de la fuerza empleada durante operativos migratorios y reclaman una respuesta inmediata del Congreso.
El documento sostiene que la participación de personal militar o tácticas propias del ámbito castrense en la aplicación de leyes migratorias representa un precedente peligroso y una amenaza directa a los derechos civiles.
La presidenta de UnidosUS, Janet Murguía, señaló que lo vivido recientemente en ciudades como Los Ángeles, Chicago, Portland y Mineápolis transmite el mensaje de que la actual administración ha adoptado una postura de confrontación directa contra la comunidad Latina.
Según Murguía, estas acciones generan miedo, desconfianza y una sensación de persecución entre ciudadanos y residentes, muchos de ellos con estatus legal.
Los grupos Latinos firmantes subrayan que el Congreso tiene la obligación constitucional de ejercer supervisión sobre el uso de fondos públicos destinados a la aplicación de leyes migratorias.
En ese sentido, recordaron que el verano pasado se aprobaron 170,000 millones de dólares adicionales y la contratación de 10,000 agentes más para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Sin controles claros, advierten, ese financiamiento abre la puerta a abusos de poder y a la militarización de tareas civiles.
Pronunciamiento
El pronunciamiento ocurre mientras aumenta la tensión en Minnesota, donde el Gobierno federal puso en marcha un operativo antimigratorio sin el consentimiento de autoridades estatales ni locales.
La situación se agravó tras la muerte de una ciudadana estadounidense, quien recibió varios disparos de un agente del ICE mientras intentaba huir en su vehículo durante uno de estos operativos.
El caso provocó protestas y una fuerte reacción de organizaciones comunitarias, líderes locales y grupos Latinos.
Ante las manifestaciones, la Administración del presidente Donald Trump amenazó con invocar la Ley de Insurrección en Minnesota.
De concretarse, la medida permitiría el despliegue del Ejército para controlar episodios de desorden civil, una posibilidad que las organizaciones Latinas consideran extrema y desproporcionada.
Además de pedir la prohibición del uso de militares en redadas migratorias, la coalición solicitó al Congreso establecer límites claros a las prácticas de los agentes federales.
Entre las demandas se incluye prohibir que los oficiales realicen detenciones con el rostro cubierto o sin identificarse, una táctica que, según las organizaciones, incrementa el temor y dificulta la rendición de cuentas.
El documento también reclama la protección de los llamados lugares sensibles, como escuelas, hospitales, tribunales y sitios de culto.
Las organizaciones piden que estas protecciones queden establecidas por ley y no dependan de decisiones administrativas temporales.
Asimismo, solicitan la suspensión de los acuerdos 287(g), que permiten la cooperación entre autoridades locales y el ICE, hasta que exista una supervisión independiente que garantice el respeto a los derechos civiles.
Otro punto central de la petición es la exigencia de órdenes judiciales para todos los arrestos y detenciones migratorias, así como el acceso efectivo a asistencia legal tanto para las personas detenidas como para sus familiares.
Las organizaciones sostienen que estas garantías resultan esenciales para evitar detenciones arbitrarias y asegurar procesos justos.
Con esta iniciativa, los grupos Latinos buscan colocar el debate migratorio en el centro de la agenda legislativa y presionar al Congreso para que actúe como contrapeso institucional. Afirman que la seguridad nacional no puede construirse a costa de la Constitución ni del miedo de comunidades enteras, y llaman a una política migratoria que priorice la legalidad, la transparencia y el respeto a los derechos humanos
Fuentes: Washington Hispanic
