El gobierno del presidente Donald Trump pidió a la Corte Suprema revocar el parole humanitario a más de 500,000 inmigrantes
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En una solicitud presentada el jueves 8 de mayo, la Casa Blanca insistió al máximo tribunal del país que le permita despojar de su estatus legal a un total de 532,000 inmigrantes.
La petición del gobierno de Trump afectaría a personas que provienen de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua.
Pese a que la Casa Blanca emitió un decreto para poner fin al programa durante el mes de marzo, la jueza federal Indira Talwani, frenó la acción e impidió que se revocara el estatus legal a dichos inmigrantes.
Ahora, en un segundo intento pero más directo, el equipo de Trump espera que la Corte Suprema realice una acción contundente y le permita hacer la revocación debido a una serie de irregularidades.
¿Fraude?
A juicio de la Casa Blanca, luego de varias investigaciones y revisiones a las solicitudes de parole humanitario, se encontró que el Department of Homeland Security (DHS) aprobó ingresos sin verificación.
Es decir, la agencia de gobierno aprobó miles de solicitudes del parole humanitario, sin verificar la información proporcionada por los patrocinadores.
El informe de la solicitud de emergencia, presentado por el asesor legal de la Casa Blanca, John Sauer, expone también que se incluyeron alrededor de 100 direcciones iguales en más de 19,000 formularios.
Por otra parte, el documento también reveló que más de 10,000 solicitantes utilizaron las mismas respuestas para llenar el formulario I-134A.
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El informe elaborado con datos aportados por la Federation for American Immigration Reform (FAIR), expuso a su vez que 3,218 patrocinadores figuran como responsables de más de 100,000 solicitudes.
De igual forma, figuró que 24 de 1,000 números de Seguro Social más utilizados por los patrocinadores corresponden a personas fallecidas.
Frente a esto, la Casa Blanca denunció fraude total en los procedimientos y exigió al máximo tribunal proceder con la revocación del estatus legal a 532,000 inmigrantes.
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Revisión
El abogado Sauer insistió en que la posición de la jueza Talwani entorpece los procedimientos que solo buscan controlar la inmigración ilegal.
“Interrumpe innecesariamente las políticas que son calibradas con mucho cuidado para frenar la entrada ilegal al país, viciando así facultades exclusivas del poder ejecutivo”, dijo el letrado de Trump.
Hasta los momentos la Corte Suprema no ha emitido ninguna opinión sobre la solicitud ni el informe, pero es probable que exista un pronunciamiento en los próximos días.
Fuente: Reuters, El País
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