En los próximos meses, la discusión se intensificará tanto en el Capitolio estatal como en el ámbito público. Si la iniciativa logra avanzar hasta la boleta electoral, serán los votantes de Florida quienes decidan si el estado emprende uno de los cambios más ambiciosos en su sistema de impuestos a la propiedad en las últimas décadas.
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La Cámara de Representantes de Florida dio este jueves un paso decisivo al aprobar una propuesta que busca reducir de manera gradual los impuestos a la propiedad que no están destinados al sistema escolar.
La medida, impulsada por legisladores republicanos y alineada con la agenda del gobernador Ron DeSantis, apunta a llevar la iniciativa a la boleta electoral de noviembre, donde necesitará el respaldo del 60 por ciento de los votantes para poder entrar en vigor.
Impuestos
La propuesta, identificada como HJR 203, plantea un aumento anual de la exención del impuesto a la propiedad para la vivienda principal.
El plan establece incrementos de 100,000 dólares por año durante la próxima década, con el objetivo de alcanzar una exención total para 2027.
aprobarse en las urnas, el cambio modificaría de forma estructural la manera en que los gobiernos locales financian parte de sus operaciones.
Los defensores del proyecto aseguran que la reducción gradual permitiría a los condados y municipios adaptarse de manera responsable a la disminución de ingresos.
La representante estatal Monique Miller, patrocinadora de la iniciativa, afirmó que el enfoque escalonado busca dar margen a los gobiernos locales para ajustar sus presupuestos sin afectar servicios esenciales.
Según Miller, el objetivo es evitar recortes de impuestos que impacten a policías, bomberos y otros servicios de emergencia, considerados prioritarios para las comunidades.
Oposición
No obstante, la propuesta ha generado una fuerte oposición entre autoridades locales y organizaciones que representan a ciudades y condados.
Varias jurisdicciones advierten que la eliminación progresiva de impuestos a la propiedad podría traducirse en una pérdida de miles de millones de dólares en ingresos, lo que obligaría a buscar fuentes alternativas de financiamiento.
Charles Chapman, consultor legislativo de la Liga de Ciudades de Florida, cuestionó que la medida represente un verdadero alivio fiscal. A su juicio, el costo no desaparecería, sino que se trasladaría a otros sectores.
Chapman señaló que los gobiernos locales podrían verse forzados a incrementar tarifas, evaluaciones especiales y tasas impositivas sobre propiedades no exentas, lo que terminaría afectando a negocios e inquilinos.
El debate también ha puesto presión sobre el calendario legislativo. El gobernador DeSantis sugirió que podría ser necesaria una sesión especial para resolver el tema, al reconocer que el tiempo de la sesión regular podría no ser suficiente para alcanzar un acuerdo definitivo.
Durante un evento de la Cámara de Comercio de Florida en Tallahassee, el mandatario indicó que los legisladores tienen hasta el 1 de agosto para cerrar el proceso y lograr que la propuesta llegue a los votantes. Aun así, expresó su confianza en que se alcanzará una solución antes de esa fecha.
Como parte de su propuesta presupuestaria para el año fiscal 2026-2027, DeSantis incluyó una asignación de 300 millones de dólares destinada a apoyar a los condados rurales con mayores limitaciones fiscales.
Estos fondos buscan mitigar el impacto que tendría una eventual reducción o eliminación del impuesto a la propiedad en regiones con menor capacidad de recaudación.
Cifras
Las cifras presentadas ante los comités legislativos reflejan la magnitud del posible impacto.
Jeff Scala, subdirector de la Asociación de Condados de Florida, advirtió que, bajo la propuesta de Miller, hasta 40 condados podrían enfrentar una reducción combinada de ingresos de 2,900 millones de dólares solo en el primer año, en caso de que los votantes aprueben la enmienda constitucional.
El escenario abre un debate de fondo sobre el equilibrio entre alivio fiscal y sostenibilidad financiera. Mientras los promotores destacan el beneficio directo para los propietarios de vivienda principal, los críticos alertan sobre las consecuencias a largo plazo para la prestación de servicios públicos y la estabilidad de los presupuestos locales.
En los próximos meses, la discusión se intensificará tanto en el Capitolio estatal como en el ámbito público. Si la iniciativa logra avanzar hasta la boleta electoral, serán los votantes de Florida quienes decidan si el estado emprende uno de los cambios más ambiciosos en su sistema de impuestos a la propiedad en las últimas décadas.
Fuente: Telemundo 51
