La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos (FEMA, por sus siglas en inglés) retiró una propuesta para arrendar dos aviones ejecutivos equipados con tecnología avanzada, después de que la iniciativa generara preocupación entre los responsables del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), organismo del que depende.
El plan contemplaba aeronaves disponibles las 24 horas del día para facilitar una respuesta rápida ante desastres, pero también para transportar al administrador de la agencia, Cameron Hamilton, y a otros altos funcionarios durante viajes oficiales y regulares.
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Según fuentes consultadas por CNN, el equipo de Hamilton impulsó la solicitud sin obtener previamente la aprobación de la dirección del DHS. La propuesta, publicada en un sitio web de contratación gubernamental la semana anterior, fue retirada pocas horas después de hacerse pública.
Los responsables del departamento exigieron detener el proceso y advirtieron que se trataba de una publicación no autorizada.
“Esta fue una publicación no autorizada por una persona no autorizada y se tomarán medidas disciplinarias”, declaró un portavoz del DHS a CNN.
La iniciativa contemplaba aviones con capacidades avanzadas, como el mapeo láser. Sin embargo, surgió en un momento especialmente delicado para el departamento, que ha destinado cientos de millones de dólares a la adquisición de aeronaves y a contratos de transporte relacionados con la política migratoria del Gobierno de Donald Trump.
FEMA
Desde 2025, el DHS ha invertido importantes sumas en una flota destinada, en principio, a operar vuelos de deportación. La agencia gastó $464.5 millones en la compra de ocho Boeing 737 y dos aviones Gulfstream G-650. Durante décadas, el Gobierno había dependido de aerolíneas chárter para realizar este tipo de traslados.
No obstante, varios de los aviones adquiridos han permanecido estacionados en instalaciones de mantenimiento en Luisiana. Según la información obtenida por CNN, la mayoría no tiene planes de incorporarse a las operaciones de deportación. Dos aeronaves fueron trasladadas recientemente a otro centro de mantenimiento en Greensboro, Carolina del Norte.
Mientras tanto, el DHS desembolsó $885.6 millones durante el año anterior para contratar servicios de aerolíneas chárter destinados a los vuelos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
A estos gastos se suma un contrato de US$ 380 millones adjudicado a Eastern Air Express para operar y mantener aeronaves proporcionadas por el Gobierno. El acuerdo comenzó en agosto de 2026 y se extiende hasta febrero de 2028. No se han precisado el costo por hora de vuelo ni todos los servicios que deberá cubrir la compañía.
En conjunto, los costos de la flota y los contratos de vuelos chárter del ICE superan los $1,600 millones.
Aviones destinados a funcionarios y viajes oficiales
El DHS comunicó en privado a legisladores que prevé utilizar solo tres de los siete Boeing 737 para deportaciones. Los demás podrían destinarse al transporte de integrantes del Congreso y otros funcionarios gubernamentales, según una fuente legislativa citada por CNN.
La utilización de estas aeronaves también ha generado cuestionamientos. Datos de seguimiento de vuelos y declaraciones de miembros demócratas del Congreso indican que uno de los aviones Gulfstream ha transportado a funcionarios de la Administración, entre ellos el director del FBI, Kash Patel, y miembros de la familia presidencial.
Algunos legisladores han expresado dudas sobre la necesidad de destinar estos aviones a viajes oficiales. Una fuente del Congreso señaló que los desplazamientos de las delegaciones legislativas suelen realizarse en vuelos comerciales o chárter, no en aeronaves del ICE.
En mayo, críticos citados por CNN cuestionaron que el precio pagado por la flota superara su valor de mercado. Una persona familiarizada con las operaciones aéreas del Gobierno resumió las dudas sobre el proyecto: “Compraron estos aviones, pagaron un precio desorbitado por ellos, están intentando encontrar una solución, pero nadie sabe cómo va a funcionar”.
FEMA defiende la responsabilidad fiscal
Tras la cancelación de la propuesta, Hamilton envió un memorando en el que recordó que la FEMA debe apoyar y complementar los esfuerzos locales durante las emergencias, sin reemplazarlos. También pidió aplicar criterios de responsabilidad fiscal al administrar los recursos de preparación.
Tradicionalmente, la agencia ha recurrido a aeronaves de la Administración Federal de Aviación, la Fuerza Aérea y la Guardia Costera para llegar a zonas afectadas por desastres, mientras que sus funcionarios utilizan vuelos comerciales para desplazamientos rutinarios.
Deanne Criswell, quien dirigió la FEMA durante la Administración de Joe Biden, también había evaluado la posibilidad de adquirir un avión propio, pero descartó la iniciativa por razones económicas. “La compra de dos aviones exclusivos es un gasto innecesario y un mal uso del dinero de los contribuyentes”, declaró a CNN.
La controversia se produce mientras persisten las preocupaciones por la capacidad de respuesta de la FEMA. Según CNN, los recortes de personal y las salidas de empleados han debilitado la preparación de la agencia. Algunos antiguos altos cargos temen que, ante una catástrofe de gran magnitud, la institución no disponga del personal ni de los recursos necesarios.
Fuente: CNN
