Mientras tanto, para los países Latinoamericanos incluidos en la lista, la pausa de visas representa un nuevo desafío en un contexto ya marcado por políticas migratorias más restrictivas. La falta de claridad sobre la duración de la suspensión y los criterios utilizados mantiene la incertidumbre y refuerza la percepción de que la inmigración legal también se ha convertido en un terreno de disputa política.
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La pausa en el procesamiento de visas de inmigrante hacia Estados Unidos entró en vigor este 21 de enero de 2026 y ya genera fuertes cuestionamientos legales, sociales y económicos, especialmente en América Latina.
La medida, impulsada por el Gobierno de Donald Trump, suspende de manera indefinida la emisión de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, entre ellos varias naciones Latinoamericanas con una histórica relación migratoria con Estados Unidos.
Visas
La suspensión afecta a visas de inmigrante por empleo y reunificación familiar, dejando en un limbo a miles de solicitantes que ya habían iniciado o estaban por concluir sus trámites.
Aunque el Departamento de Estado aclaró que las personas pueden seguir aplicando y asistir a entrevistas consulares, las visas no serán emitidas mientras dure la pausa, sin un plazo definido para su levantamiento.
Según el Gobierno estadounidense, la decisión responde a una revisión exhaustiva de políticas relacionadas con la llamada “carga pública”, con el objetivo de evitar que inmigrantes de países considerados de alto riesgo dependan de la asistencia social en Estados Unidos.
Sin embargo, expertos en inmigración coinciden en que este argumento carece de sustento legal sólido, ya que la legislación vigente ya contempla mecanismos claros para evaluar ese riesgo de forma individual.
Para los países Latinoamericanos incluidos en la lista, como Colombia, Cuba, Guatemala, Nicaragua y Uruguay, el impacto puede ser profundo.
La región depende en gran medida de la migración legal como vía para la reunificación familiar, el acceso a empleos especializados y la estabilidad económica de comunidades enteras que mantienen vínculos transnacionales.
La pausa amenaza con prolongar separaciones familiares, frenar oportunidades laborales y aumentar la incertidumbre jurídica de miles de personas.
Abogados especializados señalan que la Ley de Inmigración y Nacionalidad establece que la evaluación de la carga pública debe realizarse caso por caso, considerando factores como edad, salud, ingresos, educación y capacidad del patrocinador.
La nacionalidad no figura como criterio. Desde esta perspectiva, suspender visas de forma colectiva por país de origen podría constituir una forma de discriminación prohibida por la ley migratoria estadounidense.
Plano económico
En el plano económico, la medida también despierta preocupación. Muchos inmigrantes Latinoamericanos acceden a visas de inmigrante por empleo en sectores clave como la salud, la ingeniería, la agricultura especializada y los servicios esenciales.
La ausencia de estos trabajadores podría afectar hospitales, empresas y comunidades que dependen de su labor, especialmente en zonas con escasez de personal calificado.
Aunque el Gobierno aclaró que las visas temporales de trabajo no están incluidas en la suspensión, especialistas advierten que restringir la inmigración permanente debilita la estabilidad del mercado laboral a largo plazo.
La residencia permanente es un incentivo clave para retener talento y garantizar continuidad en sectores estratégicos de la economía estadounidense.
Otro punto crítico es el impacto social. Familias mixtas, donde uno de los cónyuges es ciudadano estadounidense y el otro proviene de alguno de los países afectados, quedan atrapadas en procesos indefinidos.
La reunificación familiar, uno de los pilares históricos del sistema migratorio de Estados Unidos, se ve directamente comprometida por una decisión administrativa sin fecha de caducidad.
Desde el ámbito legal, se anticipa una oleada de demandas en cortes federales. Los posibles frentes de ataque incluyen discriminación por nacionalidad, violaciones a la Ley de Procedimiento Administrativo y extralimitación de autoridad del Departamento de Estado.
Expertos consideran que los tribunales podrían frenar la medida si determinan que contradice principios básicos de la legislación migratoria.
Mientras tanto, para los países Latinoamericanos incluidos en la lista, la pausa de visas representa un nuevo desafío en un contexto ya marcado por políticas migratorias más restrictivas. La falta de claridad sobre la duración de la suspensión y los criterios utilizados mantiene la incertidumbre y refuerza la percepción de que la inmigración legal también se ha convertido en un terreno de disputa política.
Lista completa de países afectados por la pausa en visas de inmigrante:
- Afganistán
- Albania
- Antigua y Barbuda
- Argelia
- Armenia
- Azerbaiyán
- Bahamas
- Bangladesh
- Barbados
- Belarús
- Belice
- Birmania
- Bosnia
- Brasil
- Bután
- Cabo Verde
- Camboya
- Camerún
- Colombia
- Congo
- Costa de Marfil
- Cuba
- Dominica
- Egipto
- Eritrea
- Etiopía
- Fiji
- Gambia
- Georgia
- Ghana
- Granada
- Guatemala
- Guinea
- Haití
- Irán
- Iraq
- Jamaica
- Jordania
- Kazajstán
- Kirguistán
- Kosovo
- Kuwait
- Laos
- Líbano
- Liberia
- Libia
- Macedonia
- Marruecos
- Moldova
- Mongolia
- Montenegro
- Nepal
- Nicaragua
- Nigeria
- Pakistán
- R.D. del Congo
- Ruanda
- Rusia
- Saint Kitts y Nevis
- San Vicente y las Granadinas
- Santa Lucía
- Senegal
- Sierra Leona
- Siria
- Somalia
- Sudán
- Sudán del Sur
- Tailandia
- Tanzania
- Togo
- Túnez
- Uganda
- Uruguay
- Uzbekistán
- Yemen
Fuente: CNN
