La forma en que se analizan las solicitudes de asilo de ciudadanos venezolanos en Estados Unidos podría experimentar cambios importantes tras una reciente decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés). El organismo determinó que los cambios políticos ocurridos en Venezuela después de la salida de Nicolás Maduro del poder deben ser considerados por los jueces al momento de evaluar si una persona continúa enfrentando un riesgo real de persecución por motivos políticos.
La decisión, emitida el 4 de septiembre bajo el caso conocido como Matter of A-E-V-M-, no elimina la posibilidad de que los venezolanos obtengan asilo por motivos políticos. Sin embargo, sí establece un nuevo criterio que podría influir en miles de expedientes que actualmente se encuentran en trámite dentro del sistema migratorio.
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Dicha solicitud está diseñada para personas que han sufrido persecución o tienen un temor fundado de ser perseguidas debido a factores como su opinión política, religión, nacionalidad, raza o pertenencia a un grupo social determinado.
En este caso, la Junta concluyó que la transferencia de la autoridad ejecutiva en Venezuela constituye un hecho relevante que no puede ser ignorado durante el análisis de una solicitud de asilo basada en persecución política.
La decisión significa que los jueces de inmigración ya no podrán evaluar estos casos únicamente tomando como referencia las condiciones existentes durante el gobierno de Maduro. Ahora deberán analizar si las circunstancias políticas actuales modifican o no el riesgo que enfrentaría una persona en caso de regresar a Venezuela.
Caso que motivó la decisión
La resolución surgió a partir de la solicitud de asilo presentada por una ciudadana venezolana que aseguró haber sido perseguida debido a sus actividades políticas y a su participación en movimientos opositores.
Según los documentos del caso, tanto ella como su esposo estuvieron involucrados en actividades de la oposición venezolana. La mujer afirmó haber recibido amenazas, mientras que su esposo enfrentó distintos ataques por su manera de pensar contraria al chavismo.
Además, sostuvo que las autoridades venezolanas cancelaron su pasaporte en octubre de 2025 por las mismas razones asociadas a sus opiniones políticas.
Inicialmente, un juez de inmigración consideró que existían suficientes elementos para concluir que la solicitante mantenía un temor fundado de persecución futura y le concedió el asilo.
No obstante, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) apeló la decisión. El argumento principal fue que el análisis realizado no tomó en cuenta los cambios políticos ocurridos en Venezuela después de la salida de Maduro y que esos acontecimientos podían alterar la evaluación del riesgo.
La Junta no afirmó que la persecución política haya desaparecido en Venezuela ni que todos los solicitantes venezolanos estén ahora fuera de peligro.
De hecho, el panel señaló que algunas afirmaciones relacionadas con la permanencia de estructuras vinculadas al antiguo gobierno requerían una evaluación más profunda y basada en pruebas concretas.
Por esa razón, los jueces decidieron devolver el expediente al tribunal de inmigración para que se realice un nuevo análisis considerando las condiciones actuales del país y el posible riesgo que aún podría enfrentar la solicitante.
En otras palabras, la Junta no rechazó automáticamente la petición de asilo, sino que ordenó una revisión más detallada del caso a la luz del nuevo escenario político.
¿Qué implica para otros solicitantes de asilo?
La decisión podría tener un impacto significativo en futuras solicitudes de asilo presentadas por ciudadanos venezolanos cuyos argumentos estén relacionados principalmente con persecución política.
A partir de ahora, los jueces deberán estudiar si los cambios en el liderazgo político de Venezuela alteran de manera sustancial el riesgo que enfrenta cada solicitante.
Esto significa que algunas personas podrían necesitar presentar pruebas adicionales para demostrar que continúan siendo objeto de amenazas, represalias o persecución pese a las transformaciones políticas ocurridas en el país.
Si logran demostrar que su situación particular continúa representando un peligro real, es probable que la solicitud de asilo marche sin contratiempo. Pero, si una persona no logra comprobar que está en riesgo real tras el cambio de gobierno, el proceso puede ser rechazado.
Especialistas en inmigración han señalado que la decisión no representa el fin de las solicitudes de asilo para los venezolanos ni implica un rechazo automático de los casos relacionados con persecución política.
La clave seguirá siendo la evaluación individual de cada expediente.
Los tribunales deberán determinar si el temor expresado por el solicitante es razonable, creíble y respaldado por evidencia actualizada sobre las condiciones del país.
Fuente: inSouth Magazine con información de X
