Un grupo de personas presentó una demanda en contra de la administración de Trump por impedir el acceso de abogados defensores al polémico centro de reclusión Alligator Alcatraz
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Varias organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado condiciones deplorables en dichos espacios. A pesar de que el gobierno de Trump ha desmentido todo esto, la situación se tornó más compleja el miércoles 16 de julio cuando se interpuso una demanda en contra del mandatario.
Esta vez, los involucrados acusaron a la administración del presidente Trump de violar el debido proceso e impedir a los detenidos de Alligator Alcatraz el acceso a la asistencia legal.
La demanda se interpuso en el tribunal de distrito sur por parte de un grupo de detenidos, proveedores de servicios legales y los bufetes de abogados Florida Keys Immigration, Sanctuary of the South, U.S. Immigration Law Counsel, Sanabria & Associates y Law Offices of Catherine Pérez, PLLC.
De acuerdo con una publicación hecha por Telemundo, los demandantes están representados por la Unión Americana de Libertades Civiles y Americans for Immigrant Justice.
¿Violaciones de derechos?
A juicio de los demandantes, el gobierno del presidente Donald Trump prohibió las visitas de los abogados, restringió las comunicaciones telefónicas de los retenidos y las videollamadas confidenciales.
También alegaron que impidió el intercambio seguro de documentos y que la dirección electrónica provista por el estado para establecer contactos se encuentra inoperativa.
En la querella se expone además que varios juristas fueron bloqueados en el punto de control por miembros armados de la guardia y la policía estatal.
Eunice Cho, abogada sénior del proyecto nacional de prisiones, calificó la instalación como “otro capítulo oscuro” en la historia de Estados Unidos y dejó en claro que el estado no puede encerrar a los inmigrantes indocumentados e impedir su comunicación con un abogado.
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A juicio de Cho, el simple hecho de impedir o dificultar que los detenidos presenten un recurso para su liberación, es ilegal.
Por su parte, Sui Chung, directora de Americans for Immigrant Justice, dijo que Alligator Alcatraz opera casi en secreto, niega los derechos fundamentales y representa una amenaza para los valores estadounidenses.
Hasta ahora, la administración del presidente Trump no se ha pronunciado sobre el tema.
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Fuente: EFE, Telemundo
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