La comunidad Latina de Greenville al igual que el resto de las personas que hacen vida en el upstate, están expuestas al tráfico humano. Aunque este delito no separa a sus víctimas por origen étnico, sí hay grupos más vulnerables que otros.
El 9 de enero, la fiscalía general de Carolina del Sur presentó el reporte anual de tráfico humano del estado. A través de este documento, no solo se expuso una realidad dolorosa, sino que evidenció el avance de dicho delito en comunidades urbanas, rurales e inmigrantes.
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Dicho material que recopila información del 2025, detalló cómo en el referido año se investigaron 315 denuncias donde estuvieron involucradas más de 300 víctimas.
Según el documento, el eje del delito fue la explotación sexual de menores de edad. La fiscalía general reveló en el texto que durante el 2025 las investigaciones se realizaron en 41 de los 46 condados del estado.
Por lo que reafirmaron que el tráfico humano se puede presentar en diferentes áreas, y no responde solo a un perfil único.
Tráfico humano en Greenville
Greenville encabezó la lista con 35 investigaciones, seguido por Berkeley y Charleston con 30 cada uno.
A su vez, Richland, Lexington y Dorchester, áreas donde el desarrollo económico convive con redes delictivas difíciles de detectar, también estuvieron incluidas en las investigaciones.
La fiscalía general expuso que el 86 % de las denuncias que se investigaron estuvieron vinculadas con tráfico humano con fines de explotación sexual.
Además 234 de las 323 víctimas identificadas fueron menores de edad, lo que elevó las alarmas de las autoridades sobre la crisis existente en la seguridad y protección infantil y juvenil.
Según el fiscal general, Alan Wilson, los casos de zonas urbanas, rurales y de la comunidad Latina, suelen reportarse de forma tardía.
Comunidad Latina en el centro de la alarma
El reporte 2025 no incluyó datos de la línea nacional contra la trata por una transición operativa. Pero se incluyeron registros del Departamento de Servicios Sociales.
A su vez, la fiscalía agregó reportes del Departamento de Justicia Juvenil, lo que permitió ampliar el mapa de detección.
Wilson dijo que, gracias a esto, se logró detectar que el tráfico humano en Carolina del Sur existe en escuelas.
Así como en hogares temporales, tribunales juveniles y entornos familiares fracturados.
En el caso de la comunidad Latina, la fiscalía dijo que el delito no es mayor o menor según el origen étnico de las personas. De hecho, los criminales detrás de esto pueden cometer sus fechorías sin importar si es inmigrante o no.
Pero, Wilson mencionó que las autoridades locales reconocieron que la comunidad Latina enfrenta riesgos particulares. Las razones se deben a las barretas del idioma o el miedo a denunciar a las autoridades.
Asimismo, explicó que la comunidad Latina enfrenta riesgos por desinformación legal. Lo que les impide a sus miembros hacer una denuncia a tiempo.
Mecanismos de riesgo
En áreas como Charleston, Berkeley y Greenville, donde la comunidad Latina sigue creciendo, el tráfico humano puede registrarse con mayor incidencia.
La fiscalía general dijo que los criminales pueden usar los trabajos informales, dependencia económica y aislamiento social para captar a sus víctimas.
En ese sentido, insistió en que los reportes pueden ser un desafío cuando se trata de la comunidad Latina. A juicio de los investigadores, los casos se reportan cuando el hecho es crítico o ha dejado graves daños en la víctima.
Aunque el fiscal general reconoció el trabajo que realizan las autoridades para frenar este crimen, recordó que no se puede responder de forma fragmentada.
Wilson dijo que todas las organizaciones de seguridad, entidades y resto de personal debe estar unido para disminuir los casos en Carolina del Sur.
Si bien el delito evoluciona, dijo que la lucha en contra del tráfico humano continúa y su responsabilidad para acabar con dicho crimen en la comunidad Latina y resto de grupos, se mantiene.
Fuente: SCAG.gov
