El gobierno de Francia anunció el viernes 23 de octubre el despliegue de más de 70,000 policías y gendarmes para contener posibles disturbios durante las manifestaciones previstas para este sábado, después de los episodios de violencia registrados la semana pasada en varias ciudades del país.
La decisión responde a la preocupación de las autoridades por nuevos enfrentamientos, saqueos y daños a establecimientos comerciales. El Ministerio del Interior también confirmó que contará con vehículos blindados, helicópteros, drones y camiones equipados con cañones de agua para reforzar las operaciones policiales.
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El ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, justificó la movilización al advertir sobre los mensajes difundidos en redes sociales que, según afirmó, incitan a cometer actos violentos durante las protestas.
El funcionario aseguró que las fuerzas de seguridad actuarán con firmeza ante cualquier intento de alterar el orden público.
Francia quieren evitar el caos en la ciudad
La movilización policial fue en respuesta de la jornada de protestas que terminó con importantes incidentes de violencia urbana. Las manifestaciones del fin de semana reunieron a ciudadanos descontentos con el aumento del costo de la vida y a estudiantes que reclaman mejores condiciones en los centros educativos.
El movimiento de los chalecos amarillos, que protagonizó importantes protestas en años anteriores, volvió a convocar movilizaciones junto con organizaciones estudiantiles. Ambos sectores mantienen sus críticas a las políticas del gobierno de Francia y exigen respuestas a sus demandas.
De acuerdo con los reportes de medios europeos, los estudiantes, en particular, cuestionan las condiciones de los espacios educativos y esperan nuevos anuncios de las autoridades. Nathanaël Combary, presidente del sindicato Renouveau lycéen, defendió la continuidad de las protestas tras una reunión con el presidente Emmanuel Macron.
Por ende, la movilización social coloca al Ejecutivo ante un desafío que es atender el descontento ciudadano mientras intenta impedir que las manifestaciones deriven en actos de violencia.
Las autoridades francesas atribuyen parte de los incidentes anteriores a grupos radicales de izquierda, incluidos anarquistas y sectores antifascistas. También sostienen que algunos delincuentes aprovecharon las concentraciones para saquear comercios.
Sin embargo, la preocupación no se limita a París. En Orléans, situada al sur de la capital, se espera una manifestación multitudinaria contra un congreso del partido ultraderechista Agrupación Nacional, liderado por Marine Le Pen.
Comercios y espacios culturales blindados
El temor a nuevos enfrentamientos también ha cambiado los preparativos de comerciantes y responsables de espacios culturales. En París, algunos establecimientos comenzaron a proteger sus escaparates con paneles de madera para reducir los daños ante posibles ataques.
Otros negocios contemplan cerrar temporalmente sus puertas, mientras sus propietarios esperan que el dispositivo policial permita mantener la seguridad en las calles. El presidente de las Cámaras de Comercio e Industria de Francia advirtió sobre la presencia de objetos que podrían utilizarse como armas durante los disturbios y pidió a los comerciantes priorizar su seguridad.
Los espacios culturales también han optado por medidas preventivas. El Museo del Louvre, el Museo de Orsay y el Museo Picasso, junto con las dos sedes de la Ópera de París, anunciaron cierres excepcionales para el sábado. Las fundaciones Cartier y Louis Vuitton también permanecerán cerradas.
La tensión social coincide con un momento complicado para el Gobierno francés. La administración de Macron cuenta con un margen limitado de maniobra parlamentaria y busca avanzar en un presupuesto para 2027 que contempla ajustes fiscales destinados a reducir el déficit y la deuda pública.
La inestabilidad política y los episodios de violencia añaden incertidumbre a un escenario económico que ya preocupa a los inversores. El aumento del costo de la financiación de la deuda francesa constituye otra señal de presión sobre las cuentas públicas.
En paralelo, el Ejecutivo descartó recurrir al estado de emergencia y apuesta por otras herramientas, como restricciones puntuales de movilidad y prohibiciones de manifestaciones cuando considere que no existen garantías suficientes de seguridad.
Fuente: Con información de AFP
