El centro de detención migratoria conocido como Alligator Alcatraz, ubicado en una pista de aterrizaje aislada en los Everglades de Florida, dejó de existir tras el anuncio oficial de su cierre por parte del gobernador Ron DeSantis.

La instalación, que durante meses estuvo en el centro del debate por las condiciones denunciadas por inmigrantes y organizaciones defensoras de derechos humanos, ya fue desmantelada y no mantiene personas bajo custodia.

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Imágenes aéreas captadas recientemente muestran que el terreno donde operó el centro se encuentra completamente vacío. En el lugar ya no hay tiendas de campaña, estructuras temporales ni señales visibles de la instalación que comenzó a funcionar en julio de 2025.

Alligator Alcatraz

Durante una conferencia de prensa realizada en el Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier, DeSantis aseguró que el centro siempre fue concebido como una solución temporal mientras el Gobierno federal incrementaba su capacidad en instalaciones permanentes para la detención de migrantes.

El gobernador afirmó que Alligator Alcatraz cumplió el objetivo para el que fue creado y confirmó que ya no alberga detenidos. Según explicó, todas las personas que permanecían en el lugar fueron trasladadas y continúan bajo custodia federal.

El anuncio fue realizado junto al zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, quien acompañó a DeSantis durante la visita a Alligator Alcatraz.

Las autoridades estatales ya habían informado a principios de junio sobre un cierre temporal del centro debido a la temporada de huracanes. En ese momento se determinó trasladar a todos los inmigrantes retenidos a otras instalaciones al considerar que mantener operaciones en los Everglades representaba un riesgo durante esa época del año.

Desde su apertura, Alligator Alcatraz recibió fuertes cuestionamientos por parte de organizaciones defensoras de inmigrantes y de personas que permanecieron detenidas en el centro.

Quienes estuvieron bajo custodia describieron dificultades para acceder a representación legal y denunciaron diversas deficiencias en las condiciones de la instalación.

Entre los señalamientos mencionaron la presencia de gusanos en los alimentos, sanitarios que no funcionaban correctamente, pisos inundados con desechos fecales y una constante presencia de mosquitos e insectos.

Para los defensores de los derechos de los inmigrantes, las tiendas de campaña utilizadas en el centro nunca ofrecieron condiciones seguras ni adecuadas para alojar a personas durante largos periodos.

El centro fue construido por la administración de DeSantis en cuestión de días y abrió sus puertas en julio de 2025. Tanto el gobernador como el presidente Donald Trump defendieron en su momento la instalación como una herramienta para fortalecer los esfuerzos de deportación de personas que permanecían en Estados Unidos de manera irregular.

Durante el anuncio del cierre, DeSantis aseguró que la operación permitió deportar a unas 21,000 personas y sostuvo que la instalación contribuyó a reforzar la seguridad del estado de Florida.

Los traslados de los últimos detenidos también generaron críticas. Abogados que representaban a migrantes señalaron que varios de sus clientes fueron enviados de manera repentina a otros centros de detención ubicados en el sur de Florida, California, Arizona, Luisiana y Texas.

Según los representantes legales, durante varios días no existió información clara sobre el destino de las personas trasladadas, lo que dificultó el contacto con sus familias y abogados.

Organizaciones defensoras de inmigrantes sostienen que el cierre del centro no elimina las consecuencias que enfrentan quienes permanecieron durante meses bajo custodia ni el impacto que esa situación tuvo sobre sus familiares.

La Florida Immigrant Coalition afirmó que los principales beneficiarios del proyecto fueron las corporaciones y contratistas que obtuvieron ingresos millonarios mientras, a su juicio, se impulsaba una emergencia migratoria inexistente.

Aunque el centro fue desmontado, DeSantis confirmó que la pista de aterrizaje continuará utilizándose para otros fines.

Por su parte, la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, reiteró su intención de vender el terreno del aeródromo al Servicio de Parques Nacionales una vez concluya el proceso de desmantelamiento.

Levine Cava recordó que desde el inicio manifestó preocupación por las condiciones de detención y por la ubicación de la instalación junto a uno de los ecosistemas naturales más importantes del mundo.

La alcaldesa también informó que el condado espera recuperar formalmente la propiedad para realizar inspecciones ambientales que permitan determinar si la construcción y operación del centro provocaron algún impacto en la zona.

El objetivo, explicó, es avanzar hacia la conservación del terreno y favorecer la restauración de los Everglades, con la intención de preservar ese espacio natural para las futuras generaciones.

Fuente: Telemundo 51