Un juez federal frenó las restricciones, impulsadas por la Administración de Donald Trump, que permitía a cinco estados prohibir la compra de refrescos, bebidas azucaradas y algunos dulces mediante el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), conocido popularmente como el programa de cupones de alimentos.

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La decisión judicial representa un importante revés para la iniciativa “Make America Healthy Again” (MAHA), promovida por el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., cuyo objetivo es reducir el consumo de alimentos ultraprocesados y combatir enfermedades crónicas como la obesidad y la diabetes.

Restricciones

La resolución fue emitida el lunes por la jueza federal Amy Berman Jackson, del Distrito de Columbia, quien determinó que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) no tiene autoridad legal para aprobar las exenciones estatales que buscaban modificar el funcionamiento del programa SNAP.

La decisión de frenar las restricciones afecta directamente a Colorado, Iowa, Nebraska, Tennessee y Virginia Occidental, estados que habían obtenido permisos para restringir la compra de determinados productos utilizando los beneficios federales destinados a la alimentación.

Durante los últimos meses, Kennedy trabajó conjuntamente con la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, para impulsar estas restricciones. De hecho, casi dos docenas de estados habían solicitado autorizaciones similares, aunque no todas las medidas habían entrado en vigor.

Las restricciones variaban ligeramente según cada estado, pero todas coincidían en limitar la adquisición de bebidas azucaradas, como refrescos y bebidas energéticas. Algunas propuestas también incluían la prohibición de comprar dulces con los beneficios del programa.

Las limitaciones se aplicarían a todos los beneficiarios de SNAP, sin contemplar excepciones.

Sin embargo, la iniciativa despertó críticas por parte de expertos en políticas sanitarias y del sector minorista, quienes advirtieron que los programas estatales ya enfrentan una fuerte presión presupuestaria y no están preparados para asumir cambios administrativos tan complejos.

La demanda que dio origen al caso fue presentada por cinco beneficiarios del programa de cupones de alimentos, quienes argumentaron que algunos de los productos restringidos forman parte de sus necesidades de salud y bienestar.

Los demandantes señalaron que ciertas bebidas son importantes para tratar condiciones médicas como la diabetes tipo 1, problemas renales o la falta de energía.

En su fallo, la jueza Jackson aclaró que su decisión no constituye una valoración sobre la conveniencia o no de las prohibiciones.

Por el contrario, explicó que el problema radica en la legalidad del procedimiento utilizado para implementarlas.

“Los demandados federales y los estados pueden tener un deseo genuino de mejorar la salud de los hogares que reciben SNAP fomentando elecciones saludables en la tienda, y pueden tomar medidas legales para alcanzar esos objetivos. Pero lo que no pueden hacer es violar la ley y sus propias regulaciones en el camino”, escribió la magistrada.

La jueza también destacó que la normativa en la que se apoyó el USDA permite desarrollar proyectos piloto destinados a mejorar la eficiencia operativa del programa, pero no otorga facultades para intervenir directamente en la dieta o la salud de los beneficiarios.

La respuesta del Gobierno no tardó en llegar. Brooke Rollins criticó duramente la decisión a través de la red social X y prometió continuar impulsando las políticas asociadas al movimiento MAHA.

“Una jueza activista acaba de bloquear nuestra restricción de sentido común sobre el uso de los beneficios de SNAP para refrescos y comida chatarra”, escribió la funcionaria.

Rollins defendió que los recursos del programa deben destinarse exclusivamente a alimentos que contribuyan a una mejor salud y aseguró que los contribuyentes no deberían financiar productos que, según sus palabras, favorecen la obesidad, la diabetes y el incremento de los costos sanitarios.

Por su parte, el National Center for Law and Economic Justice, uno de los bufetes que participó en la demanda, celebró la decisión judicial.

Katharine Deabler-Meadows, abogada principal de la organización, afirmó que el fallo constituye un paso importante para proteger a las familias que dependen del programa.

Además, señaló que frenar las restricciones confirma que el Departamento de Agricultura no puede eludir las salvaguardas legales que regulan el funcionamiento de SNAP y que millones de personas merecen un sistema alimentario que opere sin generar confusión ni incertidumbre.

Fuente: CNN