Una redada de inmigración realizada en Carolina del Sur terminó con más de 50 personas detenidas. Las autoridades indicaron que la operación estuvo centrada en individuos que falsifican documentos.
El operativo se llevó a cabo en una planta de fundición de metales ubicada en la ciudad de Abbeville, al sur de Greenville, como parte de una investigación que llevaba varios meses en desarrollo.
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Según el fiscal general del estado, Alan Wilson, el objetivo de la redada de inmigración no era realizar detenciones masivas de trabajadores, sino identificar una red relacionada con la falsificación de documentos utilizados para obtener empleo.
No obstante, Wilson destacó que una vez que los agentes ingresaron al lugar y comenzaron las verificaciones, decenas de trabajadores fueron puestos bajo custodia para revisar su estatus migratorio.
Operation Ghost Story desde 2024
Dicha operación comenzó en octubre de 2024, después de que las autoridades locales alertaran sobre posibles irregularidades en las contrataciones dentro de la planta de fundición de metales Burnstein von Seelen.
El fiscal general explicó en una rueda de prensa que existían sospechas de que algunas personas estaban utilizando identidades diferentes para trabajar.
Además de esto, dijo que la empresa pasó por alto en el proceso de contratación, varios documentos falsificados.
Debido a la complejidad del caso, las autoridades locales solicitaron apoyo de la fiscalía general y de la división estatal de aplicación de la ley.
Durante meses, se realizaron entrevistas, trabajo encubierto y recopilación de testimonios que, según los investigadores, permitieron identificar un posible esquema en el que algunos trabajadores habrían sido contratados más de una vez utilizando nombres distintos.
¿Redada de inmigración encubierta?
Tras corroborar los hechos, las autoridades decidieron presentarse en la planta para llevar a cabo la detención de 54 personas.
La fiscalía subrayó que el caso no se manejó como una redada de inmigración como tal, sino como un procedimiento antidrogas.
Sobre esto, las autoridades aclararon que la operación no se manejó como una redada de inmigración porque no estuvo destinada a perseguir “indiscriminadamente” a comunidades migrantes ni generar temor entre trabajadores extranjeros.
La intención del proceso era llegar hasta aquellas personas involucradas en falsificación de documentos.
“Quiero dejar claro que no estamos atacando a las comunidades por su apariencia o lugar de trabajo. Estamos atacando conductas específicas e investigamos los hechos relacionados con esas conductas y, si nos llevan a un delito, lo procesaremos”, subrayó el fiscal general.
Entre las personas arrestadas se encuentran dos gerentes de la empresa, quienes enfrentan acusaciones relacionadas con fraude de identidad para obtener empleo, conspiración criminal y falsificación.
Además, varias personas fueron señaladas de crear y distribuir documentos falsos destinados a facilitar contrataciones laborales. Una parte de los acusados ya había sido detenida anteriormente y las autoridades indicaron que todavía buscan a al menos una persona vinculada con el caso.
La fiscalía explicó que el proceso continúa abierto y no descartó nuevas acusaciones conforme avance la investigación.
Inquietud por redadas
Esta es la segunda redada de inmigración en la que la fiscalía general ha participado en el último año. La primera ocurrió en 2025, en un club nocturno en Charleston.
La reciente acción llevada a cabo en Abbeville y que dejó a varios extranjeros bajo procesamiento migratorio, reavivó los temores por las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Si bien la fiscalía reconoció que este tipo de procedimientos puede generar temor en el estado, expusieron que no planean realizar redadas de inmigración ni intervenir en empresas sin evidencia previa de actividades ilegales.
Pero, si hay personas laborando sin documentación válida podrían enfrentar procedimientos de deportación.
Mientas que, aquellas que estén vinculadas con falsificación o contratación consciente de personas sin autorización, podrían enfrentar años de cárcel.
“Estas investigaciones no consisten en atacar a personas trabajadoras que simplemente intentan ganarse la vida, pero no podemos ignorar el robo de identidad ni mucho menos las flagrantes violaciones de la ley”, concluyó Creighton Waters, abogado principal que supervisa el Gran Jurado Estatal.
Fuente: Con información SC Daily Gazette
