Este pronunciamiento marca un precedente de gran alcance. La Corte Suprema declara que la política fiscal y comercial de gran escala requiere respaldo legislativo claro y no puede sostenerse únicamente en interpretaciones extensivas de poderes de emergencia. Con ello, el tribunal redefine los márgenes de acción del Ejecutivo en un terreno crucial para la economía estadounidense y para el comercio global.
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La Corte Suprema de Estados Unidos asestó un golpe decisivo a la estrategia comercial del expresidente Donald Trump al declarar ilegales los aranceles generalizados que impuso invocando poderes de emergencia.
Con una votación de 6 a 3, el máximo tribunal concluyó que el mandatario excedió su autoridad al aplicar gravámenes sin una autorización clara del Congreso.
Corte Suprema
El fallo, redactado por el presidente del tribunal, John Roberts, sostiene que la ley invocada por la administración, la International Emergency Economic Powers Act, no concede facultades explícitas para imponer aranceles de alcance ilimitado.
Según la opinión mayoritaria, cuando el Congreso otorga poder para establecer impuestos a las importaciones lo hace de forma precisa y bajo condiciones estrictas, algo que no ocurrió en este caso.
La decisión representa una de las derrotas judiciales más relevantes para la segunda etapa política de Trump. En meses anteriores, la Corte Suprema había fallado en distintas ocasiones a favor del Ejecutivo en asuntos vinculados con inmigración y estructura administrativa.
Sin embargo, en esta ocasión la mayoría conservadora no respaldó la interpretación expansiva del poder presidencial en materia comercial.
El caso puso en el centro del debate la separación de poderes. Para la mayoría, permitir que el presidente imponga aranceles amplios sin supervisión legislativa alteraría el equilibrio constitucional. Tres magistrados conservadores discreparon del criterio dominante, pero no lograron inclinar la balanza.
El impacto económico del litigio es significativo. Hasta diciembre pasado, el Gobierno federal había recaudado cerca de 134 mil millones de dólares en virtud de los aranceles impugnados, según datos oficiales.
El fallo no aclaró de inmediato qué ocurrirá con esos recursos ni cómo se gestionarán posibles reembolsos a importadores. Ese punto deberá resolverse en instancias inferiores.
Durante el proceso, pequeñas y medianas empresas argumentaron que la política arancelaria generó costos directos para consumidores y compañías estadounidenses.
Estudios de la Reserva Federal de Nueva York estimaron que la mayor parte de la carga financiera recayó en el mercado interno y no en los países exportadores. La administración, por su parte, defendió los aranceles como una herramienta clave para fortalecer la economía nacional y equilibrar relaciones comerciales.
La controversia también obligó a la Corte a examinar su propia jurisprudencia reciente. En decisiones anteriores, el tribunal aplicó la llamada doctrina de las cuestiones importantes para frenar acciones ejecutivas con grandes implicaciones económicas.
Aunque algunos jueces evitaron apoyarse plenamente en esa teoría en este caso, coincidieron en que la interpretación legal tradicional bastaba para invalidar la medida.
El trasfondo político añade tensión al escenario. Figuras republicanas que habían expresado reservas sobre la estrategia arancelaria celebraron el fallo como una defensa de las facultades del Congreso.
Analistas jurídicos consideran que la sentencia envía un mensaje claro sobre los límites del poder presidencial en asuntos económicos.
A pesar del revés, Trump insinuó que podría explorar otras vías legales para mantener su política comercial.
Existen disposiciones en leyes como la Trade Act of 1974 y la Tariff Act of 1930 que permiten aplicar aranceles bajo condiciones específicas y por plazos limitados. No obstante, cada mecanismo impone requisitos y controles que dificultan replicar la estrategia amplia que ahora fue anulada.
Este pronunciamiento marca un precedente de gran alcance. La Corte Suprema declara que la política fiscal y comercial de gran escala requiere respaldo legislativo claro y no puede sostenerse únicamente en interpretaciones extensivas de poderes de emergencia. Con ello, el tribunal redefine los márgenes de acción del Ejecutivo en un terreno crucial para la economía estadounidense y para el comercio global.
Fuente: CNN
