La resolución reactivada por la Corte Suprema no solo representa una derrota puntual para Trump, sino que también refuerza el debate sobre los límites de las políticas internas del Gobierno frente a los derechos constitucionales de los funcionarios federales, en especial en un contexto de tensiones sobre independencia institucional y libertad de expresión.

La Corte Suprema de Estados Unidos asestó un revés al Gobierno de Donald Trump al mantener viva una demanda federal presentada por jueces de inmigración que buscan impugnar una política que limita su capacidad de expresarse públicamente.

La decisión, emitida este viernes, permitió que el caso continúe su curso en los tribunales y abrió la puerta a implicaciones más amplias para otros empleados federales.

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En una breve orden, el máximo tribunal sostuvo que, en esta etapa del proceso, el Gobierno no logró demostrar que sufriría un daño irreparable si no se suspendía la demanda.

La resolución no registró votos disidentes y dejó claro que la administración podría intentar nuevamente frenar el caso en una fase posterior del litigio.

Corte Suprema

El origen del conflicto se remonta a una política de personal que exige a los jueces de inmigración obtener aprobación previa antes de realizar declaraciones públicas.

Un exsindicato laboral que representaba a estos jueces, quienes forman parte del Departamento de Justicia, presentó una demanda ante un tribunal federal al considerar que la medida vulnera su derecho a la libertad de expresión protegido por la Primera Enmienda.

Según los abogados del Knight First Amendment Institute de la Universidad de Columbia, la política en cuestión prohíbe de forma categórica que los jueces hablen públicamente, incluso en su capacidad personal, sobre temas de inmigración o sobre la agencia gubernamental que los emplea.

Esta norma comenzó durante el primer mandato de Trump y fue modificada posteriormente durante el Gobierno de Joe Biden, aunque mantuvo restricciones significativas.

Cuando el caso llegó a la Corte Suprema, el debate ya no se centraba únicamente en la libertad de expresión, sino en un aspecto técnico clave: el foro adecuado para resolver la disputa.

El Gobierno argumentó que los jueces debían agotar primero los canales administrativos ante organismos independientes del servicio civil, que tradicionalmente revisan reclamaciones de empleados federales, antes de acudir a un tribunal federal.

Para los jueces de inmigración, esta vía administrativa representa un problema. En los últimos meses, Trump ha impulsado acciones para debilitar esos organismos, lo que, según los demandantes, pone en duda su independencia y funcionamiento.

En mayo, la Corte Suprema permitió de forma temporal que el presidente destituyera a funcionarios de la Junta de Protección del Mérito del Sistema y de la Junta Nacional de Relaciones Laborales, decisiones que alimentaron estas preocupaciones.

El Departamento de Justicia sostuvo que permitir que el caso avanzara en tribunales federales generaría consecuencias negativas.

En su alegato, advirtió que un fallo favorable a los jueces de inmigración podría causar un efecto dominó en casos similares presentados por otros empleados federales.

Declaraciones

El procurador general de Estados Unidos, D. John Sauer, señaló que solo la intervención del máximo tribunal podría frenar la incertidumbre que, a su juicio, se estaba propagando rápidamente.

Un tribunal federal de distrito falló inicialmente a favor del Gobierno, al determinar que las reclamaciones debían revisarse primero en instancias administrativas.

Sin embargo, a comienzos de este año, la Corte de Apelaciones del 4º Circuito revocó esa decisión y ordenó al tribunal inferior examinar si dichos organismos administrativos están operando como el Congreso lo pretendía.

La corte de apelaciones subrayó que el principio fundamental de contar con organismos funcionales e independientes para revisar acciones adversas de personal había sido puesto en entredicho recientemente.

Este razonamiento resultó clave para mantener abierta la puerta a la revisión judicial directa.

Tras la presentación de una apelación de emergencia el 5 de diciembre, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, emitió una orden administrativa que bloqueó temporalmente al tribunal de distrito.

No obstante, con la decisión de este viernes, la Corte permitió que ese tribunal reanude los procedimientos, aunque dejó abierta la posibilidad de que el Gobierno vuelva a presentar una apelación de emergencia si el caso avanza hacia la fase de recopilación de pruebas.

La resolución no solo representa una derrota puntual para Trump, sino que también refuerza el debate sobre los límites de las políticas internas del Gobierno frente a los derechos constitucionales de los funcionarios federales, en especial en un contexto de tensiones sobre independencia institucional y libertad de expresión.

Fuente: CNN