Las consecuencias para Venezuela podrían ser severas. La economía depende en más de un 90 % de los ingresos en divisas provenientes de PDVSA. Un bloqueo parcial de petroleros sancionados reduciría esos ingresos, afectaría la importación de alimentos y medicinas y podría reavivar la hiperinflación.
El anuncio del presidente Donald Trump sobre un supuesto “bloqueo total y completo” contra Venezuela abrió una etapa de mayor tensión política y militar entre Washington y Caracas, pero también dejó múltiples interrogantes sobre su alcance real.
El mensaje, publicado en redes sociales, mezcló temas como inmigración ilegal, terrorismo, criminalidad y un presunto robo de petróleo y activos estadounidenses, sin detallar con precisión cómo se ejecutaría la medida.
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Detalles del bloqueo
Trump aseguró que ordenó el bloqueo de todos los “petroleros sancionados” que entren o salgan de Venezuela.
En términos de derecho internacional, un bloqueo constituye un acto de guerra, ya que impide la navegación comercial hacia los puertos de un país enemigo durante un conflicto armado.
Sin embargo, en este caso no existe un estado de guerra declarado entre Estados Unidos y Venezuela, lo que generó confusión entre analistas y operadores del mercado energético.
El propio mensaje presidencial limitó el alcance del bloqueo a los buques petroleros sancionados, lo que dejó en duda si se trató realmente de un bloqueo total.
Si otras embarcaciones pueden entrar y salir de los puertos venezolanos sin impedimentos, la medida no encajaría en la definición clásica de bloqueo naval.
Hasta ahora, la Casa Blanca no explicó de qué manera se aplicará esta orden ni qué papel tendrá la Armada estadounidense en su ejecución.
Trump justificó la medida al acusar a Nicolás Maduro de utilizar el petróleo venezolano para financiar el narcotráfico, la trata de personas, asesinatos y secuestros. También afirmó que Venezuela “robó” petróleo, tierras y activos a Estados Unidos.
No obstante, el texto recuerda que no existe un reclamo oficial del gobierno estadounidense contra Venezuela por la nacionalización de la industria petrolera, realizada en los años setenta con indemnización a las compañías extranjeras.
Durante el gobierno de Hugo Chávez, varias empresas internacionales demandaron a Venezuela por incumplimientos contractuales en la Faja del Orinoco.
Algunos casos se resolvieron a favor de los demandantes y otros mediante acuerdos, pero ninguno derivó en un reclamo de soberanía o propiedad directa por parte de Estados Unidos sobre los yacimientos petroleros venezolanos.
El anuncio coincidió con un aumento de la presencia militar estadounidense en el sur del Caribe, donde opera el grupo de combate del portaviones Gerald Ford.
Esa concentración se vinculó oficialmente con la lucha contra el narcotráfico, en el marco de la llamada Operación Punta de Lanza, que incluyó ataques a embarcaciones señaladas por Washington como transportadoras de drogas.
Expertos en derecho internacional cuestionaron la legalidad de esas acciones y advirtieron sobre la muerte de civiles.
Otros temas
Otro punto polémico fue la afirmación de Trump de que el régimen venezolano fue designado como “organización terrorista extranjera”. El Departamento de Estado de Estados Unidos aplica esa categoría a actores no estatales, no a gobiernos.
El texto sugiere que el presidente podría referirse al Cartel de los Soles y al Tren de Aragua, organizaciones criminales que su administración ya señaló como terroristas y que, según Washington, estarían dirigidas por Maduro.
Especialistas han advertido que esas estructuras no operan como carteles jerárquicos tradicionales ni controlan grandes flujos internacionales de droga.
En el plano económico, el anuncio tuvo un impacto limitado en los mercados petroleros. El precio del crudo subió cerca de un 1 % en Asia, en parte porque Venezuela no es un proveedor confiable debido a las sanciones del Departamento del Tesoro y porque no quedó claro cómo se aplicará el bloqueo.
Según TankerTrackers.com, cerca del 40 % de la llamada Flota Negra que opera con Venezuela ya está sancionada por Estados Unidos, mientras que los envíos de Chevron cuentan con exenciones temporales.
Las consecuencias para Venezuela podrían ser severas. La economía depende en más de un 90 % de los ingresos en divisas provenientes de PDVSA. Un bloqueo parcial de petroleros sancionados reduciría esos ingresos, afectaría la importación de alimentos y medicinas y podría reavivar la hiperinflación.
El texto advierte que, de manera paradójica, ese deterioro económico podría acelerar la emigración venezolana hacia otros países de la región, incrementando la presión migratoria en Sudamérica.
Fuente: Univisión
