La minería ilegal de oro en Colombia ha escalado hasta convertirse en una de las principales fuentes de financiación del crimen organizado, al punto de que el Gobierno colombiano solicitó a Estados Unidos imponer sanciones económicas contra quienes participan en esta actividad.
La petición, realizada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, expone no solo las dificultades de Colombia para frenar este fenómeno, sino también las debilidades de los controles estadounidenses sobre la procedencia del metal precioso.
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Según explicó Sánchez, la minería ilícita de oro sostiene económicamente al Clan del Golfo, organización criminal que el Gobierno de Estados Unidos ha catalogado como grupo terrorista.
Aunque Washington ya ha sancionado a líderes del cartel, Colombia considera que ampliar las medidas contra quienes participan en el comercio de oro ilegal podría convertirse en una herramienta clave para debilitar sus finanzas.
Oro
La solicitud fue presentada en marzo a través del Departamento de Estado de Estados Unidos. Sin embargo, hasta ahora no se han anunciado acciones concretas relacionadas con la petición. El Departamento del Tesoro estadounidense evitó pronunciarse sobre si estudia o no la posibilidad de aplicar nuevas sanciones.
El caso resulta especialmente llamativo porque, durante años, parte del oro procedente de operaciones ilegales en Colombia terminó incorporándose a la cadena de suministro utilizada por la Casa de la Moneda de Estados Unidos.
Esta situación ha puesto en evidencia las fallas existentes en los mecanismos de verificación que supuestamente garantizan que el oro comercializado internacionalmente provenga de fuentes legales.
La problemática adquiere mayor relevancia en un contexto de precios récord. Con el valor del oro acercándose a los 5,000 dólares por onza, incluso las explotaciones más agresivas para el medioambiente resultan altamente rentables. Esta realidad ha incentivado la expansión de actividades mineras ilegales en distintas regiones colombianas.
Para el ministro de Defensa, la magnitud del problema refleja una situación preocupante. Durante una entrevista, reconoció que la minería criminal ha logrado imponerse en numerosos territorios, superando la capacidad de respuesta estatal.
Como parte de los esfuerzos para comprender el alcance de la actividad, Sánchez sobrevoló recientemente varias de las principales zonas auríferas del país.
Desde el aire observó extensas áreas transformadas por la extracción ilegal. Grandes excavaciones a cielo abierto se extendían por kilómetros, acompañadas por decenas de embarcaciones equipadas con sistemas de bombeo destinados a extraer sedimentos de los ríos en busca de oro.
Uno de los hallazgos más impactantes fue la presencia de actividades mineras en terrenos relacionados con una base militar. La situación generó preocupación dentro de las Fuerzas Armadas colombianas y motivó nuevas acciones contra las organizaciones responsables.
Como parte de esas operaciones, el Ejército informó sobre una reciente incursión nocturna en minas vinculadas al Clan del Golfo. Durante el procedimiento fueron destruidas maquinarias pesadas utilizadas para la extracción ilegal.
De acuerdo con las autoridades militares, las operaciones intervenidas producían aproximadamente 4,7 millones de dólares mensuales en oro.
Posteriormente, el Ejército señaló haber encontrado un documento oficial de hace 38 años que establecía límites diferentes para la base militar involucrada.
Según esta interpretación, la actividad minera llegaba hasta el perímetro de las instalaciones, aunque no ingresaba formalmente en ellas. No obstante, mapas gubernamentales de la época indicarían una situación distinta.
Mientras Colombia intensifica sus esfuerzos para combatir la minería ilegal, en Estados Unidos también surgen cuestionamientos sobre los controles aplicados al origen del oro.
Tras revelarse que metal vinculado a explotaciones ilícitas había ingresado a la cadena de suministro utilizada para fabricar monedas de inversión, el Departamento del Tesoro anunció una investigación interna.
Además, los senadores demócratas Ron Wyden y Elizabeth Warren enviaron una carta al secretario del Tesoro, Scott Bessent, solicitando explicaciones sobre las medidas adoptadas para garantizar que el oro adquirido no proceda de fuentes ilegales. Hasta el momento, no han recibido respuesta.
La controversia ha puesto sobre la mesa un debate más amplio sobre la trazabilidad del oro y la eficacia de los mecanismos internacionales de control. Para Colombia, el desafío consiste en frenar una actividad que fortalece a grupos criminales y genera graves daños ambientales. Para Estados Unidos, la situación plantea interrogantes sobre la capacidad de sus instituciones para impedir que el oro extraído ilegalmente termine formando parte del mercado formal.
Fuente: New York Times
