Minnesota e Illinois coinciden en que la aplicación de leyes migratorias no es nueva, pero advierten que la magnitud y el estilo actuales se asemejan más a una ocupación que a una labor policial convencional. A esto se suma la falta de un horizonte claro de finalización. Funcionarios federales han declarado públicamente que las operaciones continuarán por años, lo que, según los demandantes, augura un impacto prolongado y profundo en sus comunidades.

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Minnesota e Illinois presentaron este lunes demandas separadas contra la administración de Donald Trump, acusando al gobierno federal de ejecutar operaciones migratorias agresivas que, según los estados, han generado miedo en las comunidades, vulnerado derechos constitucionales y alterado la seguridad pública.

Las querellas apuntan directamente al Departamento de Seguridad Nacional, a su secretaria Kristi Noem y a agencias federales como ICE, la Patrulla Fronteriza y Aduanas y Protección Fronteriza.

Minnesota e Illinois

Los gobiernos estatales sostienen que el aumento de operativos en ciudades como Chicago, Minneapolis y Saint Paul no responde a una aplicación ordinaria de la ley, sino a una estrategia punitiva contra jurisdicciones gobernadas por demócratas y con políticas de santuario.

El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, afirmó que agentes federales han actuado de forma intimidatoria en vecindarios enteros, lo que ha debilitado la confianza pública y puesto en riesgo derechos fundamentales.

Ambas demandas solicitan órdenes judiciales para frenar las operaciones migratorias en sus territorios. En sus argumentos, los estados invocan la Décima Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, al considerar que el gobierno federal ha invadido competencias estatales y utilizado recursos locales sin autorización.

Minnesota subrayó que sus fuerzas policiales han tenido que desviar personal y tiempo para responder a incidentes derivados de la presencia federal, lo que ha afectado tareas esenciales de seguridad comunitaria.

Demanda

La demanda de Minnesota detalla que cerca de 2,000 agentes federales fueron desplegados en el área de las Ciudades Gemelas, una cifra que supera el número combinado de policías locales juramentados.

Como consecuencia, la policía de Minneapolis acumuló miles de horas extras, con un costo superior a los dos millones de dólares para la ciudad. El fiscal general del estado, Keith Ellison, describió la situación como una invasión federal ejecutada por agentes armados, encapuchados y con entrenamiento deficiente.

Uno de los detonantes más graves fue un tiroteo ocurrido la semana pasada en Minneapolis, donde un agente de ICE mató a una madre de tres hijos, hecho que provocó protestas en distintas ciudades del país.

Según la demanda, tras el incidente los agentes federales respondieron a las manifestaciones con gas pimienta y maniobras peligrosas al retirarse, lo que agravó la tensión social.

Illinois presentó argumentos similares. El estado afirmó que la administración Trump ha mantenido durante años un discurso hostil contra jurisdicciones que limitan su cooperación con las autoridades migratorias federales.

La querella sostiene que esta retórica se tradujo en operativos diseñados para castigar políticamente a ciudades y estados que no alinean sus políticas con la Casa Blanca.

Desde el gobierno federal, la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, defendió las acciones y aseguró que la Constitución respalda a la administración.

Según su versión, el despliegue de agentes resulta necesario porque las autoridades locales no han protegido adecuadamente a sus ciudadanos.

Funcionarios federales también señalaron que algunos fondos destinados a programas sociales fueron retenidos porque, a su juicio, los estados no cumplieron con la ley federal.

Las demandas también cuestionan las tácticas empleadas durante los operativos. Los estados acusan a las agencias federales de abandonar políticas históricas que evitaban acciones migratorias en lugares sensibles como escuelas y hospitales.

Además, denuncian arrestos sin orden judicial, patrullajes itinerantes, escaneos biométricos y el uso de armas antidisturbios contra personas que no ofrecían resistencia.

Minnesota añadió acusaciones de discriminación racial sistemática, especialmente contra comunidades somalíes e hispanas.

El documento describe detenciones e interrogatorios de ciudadanos estadounidenses basados, presuntamente, en su apariencia u origen percibido, lo que ha incrementado el temor generalizado a circular libremente o utilizar servicios públicos.

Minnesota e Illinois coinciden en que la aplicación de leyes migratorias no es nueva, pero advierten que la magnitud y el estilo actuales se asemejan más a una ocupación que a una labor policial convencional. A esto se suma la falta de un horizonte claro de finalización. Funcionarios federales han declarado públicamente que las operaciones continuarán por años, lo que, según los demandantes, augura un impacto prolongado y profundo en sus comunidades.

Fuente: CNN