Una jueza de California declaró ilegal la anulación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para inmigrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal.
La magistrada Trina Thompson, quien preside en un tribunal federal, concluyó que la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, actuó sin apegarse a los requisitos legales al extinguir las protecciones del TPS.
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La jueza bloqueó la anulación y restauró el estatus para los inmigrantes de las referidas naciones. A su vez, rechazó una solicitud del gobierno para desestimar la causa y dijo que Noem no siguió la práctica habitual al reducir el periodo de transición.
Jueza expone ilegalidad en anulación del TPS
La decisión de la jueza Thompson sostiene que la forma en que el DHS intentó terminar el TPS fue “predeterminada” e insuficiente desde el punto de vista legal.
Según el tribunal, la secretaria Noem no siguió el procedimiento exigido por la Administrative Procedure Act.
En dicho proceso, se requiere una evaluación objetiva y transparente antes de modificar o cancelar designaciones del TPS.
Además, en el fallo de la jueza se expuso que los cambios se hicieron con un periodo de transición demasiado corto. Es decir, solo 60 días lejos de los plazos y prácticas estándar que suelen acompañar decisiones de esta naturaleza.
La jueza expuso que la aceleración en el proceso fue uno de los elementos determinantes que motivaron al tribunal a considerar que la anulación careció de justificación legal adecuada.
Los inmigrantes amparados por dicho estatus de protección ya habían demandado al DHS por suspender este permiso por causa de una “animosidad racial”.
Thompson citó declaraciones del presidente Donald Trump y de Noem en las que retrataron a los inmigrantes como criminales.
“Estas declaraciones reflejan un estereotipo de los inmigrantes protegidos bajo el programa TPS como invasores criminales y perpetúan la creencia discriminatoria de que ciertas poblaciones reemplazarán a la población blanca”, aseguró la jueza.
Orden sin efecto
La magistrada dijo que la terminación del estatus de protección para los inmigrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal es completamente ilegal bajo la ley de procedimiento administrativo.
Por ende, declaró la orden de Noem sin efecto y restableció el estatus de más de 60,000 inmigrantes procedentes de los mencionados países, quienes estaban en riesgo.
El fallo fue recibido con alivio por parte de defensores de los inmigrantes y muchos beneficiarios del TPS, que ahora pueden retener su estatus legal y continuar trabajando en el país.
El codirector del centro de derecho de la Universidad de California, Ahilan Arulanantham, señaló que la decisión de la jueza obliga a los empleadores a respetar los documentos de autorización de empleo de los afectados.
“La decisión judicial restaura las protecciones para miles de migrantes y los empleadores están legalmente obligados a cumplir con sus documentos de autorización de trabajo”, destacó.
A pesar de ser un alivio en medio del conflictivo escenario, varias organizaciones advirtieron que muchos de los perjudicados ya han experimentado consecuencias negativas.
No solo experimentaron pérdida de empleo, sino también interrupción de estudios y angustia familiar. Lo que representa una dura situación para los que no tienen apoyo.
Gobierno puede apelar
Aunque la acción de la jueza representa una victoria para los titulares del TPS de Nicaragua, Honduras y Nepal, aún puede ser objeto de apelación. Es decir, el gobierno de EE. UU. puede actuar en determinado momento y revertir la acción.
Si el gobierno de Trump apela, el caso podría llegar a instancias superiores.
Mientras tanto, la sentencia se mantiene y permite a los inmigrantes de dichos países continuar con sus labores y actividades en todo el país sin contratiempo.
Fuente: EFE
