Un juez federal de California bloqueó a nivel nacional la política impulsada por la Administración de Donald Trump que permitía realizar arrestos de migrantes dentro de los tribunales de inmigración de Estados Unidos, una práctica que había generado preocupación entre abogados, defensores de derechos civiles y organizaciones migratorias en todo el país.

Leer más: Sospechoso islámico quiso entrar a EE. UU. infiltrado en la selección de Irán

El fallo representa un importante revés para el Gobierno estadounidense y pone freno a una estrategia implementada el año pasado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), cuyos agentes comenzaron a detener a migrantes en los pasillos de los tribunales, en algunos casos apenas unos minutos después de que comparecieran ante un juez para defender sus procesos migratorios.

Arrestos

La medida había despertado fuertes críticas debido a que, según diversos sectores, transformaba los tribunales de inmigración en espacios de miedo e incertidumbre para las personas que acudían a cumplir con los procedimientos establecidos por la ley.

El fallo fue emitido este martes por el juez federal P. Casey Pitts, quien elaboró una resolución de 71 páginas en la que cuestionó la legalidad de la política y determinó que era “arbitraria y caprichosa”.

En su análisis, el magistrado reconoció el llamado “efecto disuasorio” que provocaban los arrestos dentro de los tribunales, al considerar que muchas personas podían dejar de acudir a sus audiencias por temor a ser detenidas por agentes migratorios.

El juez también señaló que la política no resolvía una de las principales preocupaciones relacionadas con el funcionamiento del sistema judicial migratorio: garantizar que los inmigrantes se presenten a sus procedimientos legales sin miedo a ser arrestados en el mismo lugar donde buscan una resolución a sus casos.

La decisión judicial cuestiona, además, la eliminación de una guía que durante años limitó la aplicación de las leyes migratorias en las inmediaciones de los tribunales.

La Administración Trump había decidido rescindir esa normativa, argumentando que restringía la capacidad de los agentes para detener a personas consideradas peligrosas.

Sin embargo, el juez concluyó que la nueva política no ofrecía una justificación suficiente para eliminar las protecciones previas ni explicaba adecuadamente por qué los tribunales de inmigración debían quedar excluidos de las restricciones aplicadas a otros espacios judiciales.

Uno de los sectores que celebró la decisión fue el Lawyers’ Committee for Civil Rights del Área de la Bahía de San Francisco.

Jordan Wells, abogado principal de la organización, aseguró que los tribunales deben seguir siendo lugares donde las personas puedan buscar justicia sin temor a sufrir consecuencias inmediatas relacionadas con su estatus migratorio.

“El tribunal debe ser un refugio para la búsqueda de justicia, no un terreno de caza para ICE. Ningún inmigrante debería verse obligado a elegir entre su libertad y la oportunidad de comparecer ante el tribunal”, afirmó Wells en declaraciones recogidas por CNN.

La reacción desde el Gobierno federal no tardó en llegar. James Percival, principal asesor jurídico del Departamento de Seguridad Nacional, criticó duramente la decisión a través de la red social X.

Percival defendió la postura de la Administración y comparó los procedimientos migratorios con otros procesos judiciales ordinarios.

Según su argumento, si una persona es puesta bajo custodia después de recibir una condena penal, el mismo principio debería aplicarse cuando un juez de inmigración ordena la expulsión de un extranjero.

El funcionario calificó la decisión judicial como un acto de “activismo judicial” y sostuvo que favorece una agenda contraria a las políticas migratorias impulsadas por el Gobierno.

La resolución judicial, sin embargo, detiene de forma inmediata la aplicación de arrestos migratorios en tribunales en todo el territorio estadounidense y reabre el debate sobre los límites entre la aplicación de las leyes migratorias y el derecho al debido proceso.

El caso se convierte en uno de los episodios más relevantes dentro de la discusión nacional sobre inmigración, al poner sobre la mesa la tensión existente entre las estrategias de control migratorio y la protección de las garantías judiciales de quienes comparecen ante los tribunales en busca de una solución legal a su situación migratoria.

Fuente: CNN