Con medidas que afectan no solo a inmigrantes sino también a comunidades enteras, las organizaciones se concentran en litigios judiciales, movilizaciones y redes de apoyo, anticipando un período complejo para la defensa de los derechos humanos en el país
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Las organizaciones proinmigrantes en Estados Unidos han comenzado a reforzar sus planes de acción ante las medidas implementadas por la administración de Donald Trump, quien firmó una serie de decretos migratorios en los primeros días de su mandato.
Estas políticas, que incluyen redadas masivas y restricciones al derecho de ciudadanía, han generado preocupación entre activistas, abogados y comunidades inmigrantes.
Abel Núñez, director de CARECEN en Washington, destacó que su organización está trabajando en dos frentes principales: educar a los inmigrantes sobre sus derechos y fortalecer los recursos internos para afrontar posibles auditorías o ataques.
“Estamos cerrando puntos vulnerables en nuestra estructura para garantizar la protección de nuestra comunidad”. Afirmó Núñez.
Por su parte, William Hernández, abogado de Eagan Immigration, expresó inquietud sobre cómo el gobierno podría interpretar ciertas acciones como “ayuda” a inmigrantes indocumentados.
“Nuestro deber es guiarlos dentro de las opciones legales disponibles, pero hay incertidumbre sobre cómo esto podría ser visto por la administración actual”. Explicó Hernández.
Otras organizaciones, como Casa de Maryland, han activado redes de respuesta rápida y fortalecido alianzas con grupos religiosos, empresariales y comunitarios. Su director, Gustavo Torres, señaló:
“No nos quedaremos de brazos cruzados. Estamos listos para actuar en defensa de los derechos civiles”.
Además, líderes religiosos en Virginia han hecho un llamado para proteger espacios de refugio, como iglesias y hospitales, de posibles redadas.
Coinciden en que la separación de familias es “inaceptable” y trabajan en ampliar alianzas para apoyar a los más vulnerables.
Con medidas que afectan no solo a inmigrantes sino también a comunidades enteras, la resistencia se concentra en litigios judiciales, movilizaciones y redes de apoyo, anticipando un período complejo para la defensa de los derechos humanos en el país.
Fuente: Voz de América
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