La desaparición de personas continúa siendo una de las crisis humanitarias más graves y menos visibles de América Latina. Miles de familias llevan años buscando a sus seres queridos sin conocer qué ocurrió con ellos, mientras los gobiernos enfrentan dificultades para registrar los casos, activar las búsquedas y avanzar en la identificación de personas fallecidas.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) volvió a poner el foco sobre esta problemática a propósito del Día Internacional de las Personas Desaparecidas, que se conmemora cada 30 de agosto. La organización pidió a los países de la región fortalecer sus mecanismos de búsqueda, aumentar los recursos destinados a la investigación y mejorar las capacidades forenses para que las familias puedan conocer el destino de sus seres queridos.

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México y Colombia muestran la enorme dimensión del problema. En México, más de 130,000 personas continúan desaparecidas, mientras que en Colombia existen más de 226,000 casos documentados relacionados con los conflictos armados.

Sin embargo, estas cifras no representan por sí solas el total de personas desaparecidas en Latinoamérica. El CICR advierte que los números de cada país no pueden compararse directamente debido a las diferencias en los sistemas de registro, los periodos contabilizados y las circunstancias en las que ocurren las desapariciones.

Personas desaparecidas, una realidad que cambia según el país

Las desapariciones en América Latina tienen múltiples causas. Algunas están vinculadas con conflictos armados y hechos de violencia, mientras que otras ocurren en contextos relacionados con la criminalidad, la migración, accidentes u otras situaciones que requieren respuestas específicas por parte de las autoridades.

Brasil, por ejemplo, registró 85,233 personas desaparecidas durante 2025. En Perú, los casos aumentaron un 18 % durante ese mismo año, de acuerdo con los datos citados por el CICR.

La organización considera que la falta de información uniforme dificulta conocer la verdadera dimensión del fenómeno. En algunos lugares los registros pueden estar desactualizados, fragmentados entre diferentes instituciones o incluso no existir sistemas centralizados que permitan reunir todos los casos.

Esta situación también puede complicar el trabajo de las familias, que en ocasiones deben acudir a distintas instituciones para aportar información, presentar denuncias o intentar obtener avances sobre la investigación.

Para el CICR, una desaparición debe generar una respuesta rápida. No se debería esperar a que transcurra determinado periodo para comenzar a buscar a una persona. La organización también insiste en que las familias deben participar durante las diferentes etapas del proceso.

Su conocimiento sobre la persona desaparecida, sus relaciones y sus últimos movimientos resulta importante para las investigaciones. Pero encontrar a una persona desaparecida no siempre significa localizarla con vida. Por ello, el fortalecimiento de los servicios forenses es otra de las prioridades señaladas por el organismo.

Los países necesitan contar con profesionales, tecnología y recursos suficientes para recuperar restos, realizar identificaciones y garantizar que sean entregados de manera digna a sus familiares.

Para quienes esperan respuestas durante años, la identificación representa un paso fundamental para cerrar una etapa de incertidumbre y conocer finalmente qué ocurrió.

Colombia aumenta medidas de respuesta

Colombia incorporó recientemente nuevas medidas frente a las desapariciones relacionadas con el conflicto armado. El 5 de agosto de 2026 entró en vigor el decreto 1029 de 2026, mediante el cual el país adoptó una política pública integral con una implementación prevista para los próximos 10 años.

La estrategia contempla cuatro componentes principales: búsqueda, identificación, entrega digna y derecho a la justicia. También incluye aspectos relacionados con la participación de las familias, el fortalecimiento de las instituciones, la memoria y la gestión de la información.

El objetivo es que las normas no se queden solamente en el papel y puedan traducirse en acciones concretas para las personas desaparecidas y sus familiares.

Argentina, Colombia, Perú, Brasil y México cuentan con leyes específicas relacionadas con la desaparición de personas. Aun así, la aplicación efectiva de estas normas continúa siendo un desafío.

El CICR trabaja junto con las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, autoridades y familias en distintos países de la región. Sus esfuerzos incluyen apoyo a mecanismos de búsqueda en México y Centroamérica, asistencia en contextos relacionados con conflictos armados en Colombia y otros países andinos, fortalecimiento de capacidades forenses en Venezuela y promoción de políticas públicas y bancos de datos genéticos en Brasil y el Cono Sur.

Fuente: Con información de EFE