El gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó la nueva ley HB 905, conocida como Foreign Interference Restriction and Enforcement Act (FIRE Act), una legislación que comenzará a aplicarse a partir del 1 de julio de 2026 y que impactará directamente a comunidades cubanas y venezolanas residentes en el estado.
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La medida establece restricciones relacionadas con negocios, contratos familiares, acuerdos institucionales y vínculos con países catalogados por Florida como “naciones de preocupación”. Entre esos países figuran Cuba y Venezuela, además de China, Rusia, Irán, Corea del Norte y Siria.
La firma de la legislación se realizó en el Museo y Biblioteca de Bahía de Cochinos, ubicado en La Pequeña Habana de Miami, un lugar de fuerte simbolismo para la comunidad cubana en el exilio.
Florida
Uno de los aspectos más relevantes de la FIRE Act es que permitirá a gobiernos locales y oficinas recaudadoras de impuestos rechazar o revocar licencias comerciales de empresas que mantengan operaciones con Cuba en violación de leyes federales de Estados Unidos.
La normativa amplía el alcance de las revisiones sobre actividades comerciales relacionadas con la isla. Esto incluye negocios vinculados con remesas, servicios financieros o acuerdos de distribución que puedan ser considerados incompatibles con las regulaciones federales estadounidenses.
Además, la ley introduce restricciones sobre contratos de gestación subrogada y adopciones preplanificadas cuando alguna de las partes involucradas sea ciudadana o residente de alguno de los países incluidos en la lista establecida por el estado.
El texto legal señala que cualquier acuerdo realizado en incumplimiento de esas disposiciones será considerado “nulo e inaplicable” bajo la política pública de Florida. Las limitaciones alcanzan tanto a padres intencionales como a madres gestantes.
La FIRE Act también impone nuevas reglas para funcionarios públicos, empleados estatales, abogados de gobiernos locales y candidatos a cargos electivos. A partir de julio, estas personas tendrán prohibido aceptar regalos, préstamos, beneficios o promesas de empleo provenientes de representantes vinculados con los países señalados en la legislación.
Como parte de la implementación de la ley, la Comisión de Ética de Florida deberá actualizar antes del 1 de noviembre de 2026 sus programas obligatorios de capacitación. Estos nuevos contenidos incluirán información sobre estrategias de influencia extranjera y tácticas atribuidas a gobiernos considerados adversarios.
Florida concentra actualmente una de las mayores comunidades cubanas y venezolanas de Estados Unidos. Según cifras del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) actualizadas hasta 2024, alrededor de 429,000 cubanos con residencia permanente viven en el estado.
De ese total, casi 398,000 serían elegibles para solicitar la ciudadanía estadounidense.
En el caso de los venezolanos, más de 82,000 residentes permanentes viven en Florida. Estas cifras no incluyen a quienes permanecen bajo Estatus de Protección Temporal (TPS) u otros programas migratorios.
La nueva legislación también impactará al sistema educativo y universitario del estado. La FIRE Act ordena la disolución del Instituto Florida-China y prohíbe la creación de nuevos acuerdos de cooperación con entidades pertenecientes a cualquiera de los países incluidos en la lista.
Asimismo, las agencias estatales y subdivisiones políticas no podrán participar en programas que permitan influencia extranjera sobre contenidos educativos, contrataciones o políticas institucionales.
Los acuerdos ya existentes que limiten la libertad contractual de entidades públicas o promuevan agendas consideradas contrarias a la seguridad nacional deberán finalizar igualmente el 1 de julio, según establece el texto aprobado por la Legislatura de Florida.
Las sanciones contempladas por la ley incluyen multas civiles, pérdida de licencias comerciales y agravantes penales para delitos cometidos en beneficio de gobiernos extranjeros u organizaciones consideradas terroristas.
Además, quienes presenten declaraciones juradas falsas relacionadas con vínculos con Cuba podrían enfrentar cargos de perjurio, clasificados como delitos graves de tercer grado bajo las leyes floridanas.
La promulgación de la FIRE Act ocurre en medio de nuevas medidas federales dirigidas hacia Cuba. Días antes de la aprobación de la ley estatal, el gobierno de Donald Trump firmó una orden ejecutiva para bloquear activos de personas vinculadas a sectores estratégicos de la isla.
Posteriormente, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció sanciones específicas contra GAESA, conglomerado militar que controla una parte significativa de la economía cubana.
Con la entrada en vigor de esta legislación el próximo 1 de julio, Florida endurecerá sus políticas relacionadas con la influencia extranjera y establecerá nuevas restricciones que podrían tener repercusiones legales, comerciales y administrativas para miles de cubanos y venezolanos residentes en el estado.
Fuente: La Nación
